En 2010 el pleno del Senado dio la espalda a los hipotecados en una decisión bochornosa, rechazando la petición, presentada a instancias de ADICAE por el Partido Popular -entonces en la oposición-, de modificar la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios. Una proposición de Ley en la que se pedía regular el carácter abusivo de las cláusulas suelo, que afectan a unos 3 millones de familias españolas. Ante esta inacción política -luego vendrían muchas más-, ADICAE tomó la determinación de que era necesario emprender una acción judicial colectiva con la que intentar resarcir el daño que están causando estas cláusulas a cientos de miles de familias en nuestro país. Leer más