El PP acepta abordar la reforma de la acción colectiva de los consumidores y el PSOE y CiU respaldan las propuestas de ADICAE al respecto

Por | Acción colectiva, Actualidad

Madrid, 19 de noviembre.- El Presidente de ADICAE, D. Manuel Pardos, abrió el “Foro sobre la Defensa colectiva de los Consumidores de Servicios Financieros” celebrado hoy por ADICAE en Madrid destacando que “bajo este aparentemente abstracto tema se encuentra la clave de la solución a los problemas de los consumidores, grandes problemas muy notorios como las participaciones preferentes o las cláusulas suelo pero también otros muchos como los relativos a la telefonía, la energía y otros grandes sectores, que ni el Gobierno, ni el Parlamento ni los Tribunales están resolviendo”. Leer más

La obsolescencia programada, un fraude masivo para los consumidores

Por | Actualidad, Consumo

¿Le ha ocurrido alguna vez que ha comprado un reproductor de música y que a los dos años ya no le funcione la batería y le hayan recomendado comprar otro? Eso es lo que se conoce como “obsolescencia programada”, la falacia creada por el sistema económico durante la Revolución Industrial que aún continua a día de hoy. Este concepto nació al mismo tiempo que la producción en masa y parte de la idea de que si los objetos son demasiado buenos y duran mucho tiempo, las fábricas se verían obligadas a cerrar, con la consiguiente perdida de los puestos de trabajo. Por tanto la industria se concentró en crear productos más frágiles que obligaran a reponerlos cada cierto tiempo. Esta idea se ha mantenido durante 100 años, hasta llegar a las empresas de la actualidad. Leer más

Certificados energéticos: guerra de precios con dudosas garantías de fiabilidad

Por | Actualidad, Consumo

Desde junio de 2013 cualquier propietario debe contar con un certificado energético para poder vender o alquilar su vivienda. Estos certificados califican la vivienda según su nivel de eficiencia energética asignándole una graduación entre la A y la G (de más a menos alta). En algunos casos, muchas empresas tramitan estos informes de forma automática sin que ningún técnico acuda a la vivienda para realizar un estudio real de la eficencia energética de la misma, por lo que lo convierten en una mera formalidad sin más sentido que cumplir con la normativa y evitar una posible sanción que podría ascender hasta los 600 euros. Leer más