La Asociación de Concesionarias de Autopistas de Peaje (Aseta) ha instado al Gobierno a abordar la «inevitable» implantación del cobro de un peaje por el uso de las autovías actualmente gratuitas. Se trataría, a su juicio, de una medida que podría reportar a las arcas públicas hasta 10.000 millones de euros anuales, según indicó el presidente de la asociación, José Luis Feito, responsable de una patronal que desde hace tiempo viene pidiendo, sin embargo, el rescate de las ruinosas autopistas de pago, que cada vez son usadas por menos conductores.
«Es inviable que España siga pagando el mantenimiento de una red de autovías de gran capacidad de 12.000 kilómetros de longitud con cargo a los presupuestos», subrayó Feito, que considera que «antes o después el Gobierno no podrá evitar articular algún tipo de peaje» en estas vías, al igual que ya han hecho otros países europeos. Habla el portavoz de estas empresas, en realidad, en nombre de la banca, principal acreedora de estas compañías en graves problemas económicos. Diversos expertos estiman en 6.000 millones de euros el montante que Fomento está dispuesto a rescatar en este negocio ruinoso; de ahí su interés en asegurarse fuentes de financiación.
Que no sólo estarían en el propio impuesto «ambiental», que el Gobierno ya tiene planificado en el memorandum que envió a la Troika para documentar su programa económico de reformas, y que estimaba el potencial recaudatorio en unos 1.500 millones de euros. Las concesionarias ven en esta medida la posibilidad de entrar en un nuevo mercado de concesiones públicas, la propia gestión y mantenimiento de los peajes de las autovías. Un doble negocio redondo que estas sucursales de la banca española no quieren dejar pasar… A costa de los consumidores, claro.
La reivindicación no es nueva. Lleva Aseta tiempo publicando documentos que ensalzan este peaje en autovías: «Tanto en Europa como en el resto del mundo, el recurso al peaje se ha generalizado y es una tendencia que va en aumento. El hecho de que otros países apliquen de manera generalizada el pago por uso, y que nosotros no lo hagamos, implica que los conductores españoles estamos financiando la red de carreteras de estos países sin que exista reciprocidad, ya que los extranjeros que circulan por nuestro país no pagan por ello».
Defiende la patronal de estas infraestructuras argumentos que deben alarmar a consumidores y conductores: «España es uno de los países que mayor gasto debe afrontar ya que ha basado su política de carreteras de alta ocupación en la construcción de autovías libres de peaje cuyo mantenimiento no está garantizado. El Estado debe pagar una factura anual de 1.400 millones de euros a los que hay que añadir las partidas comprometidas para el pago del canon del peaje en sombra de varias autopistas durante los próximos años». «Es necesario plantearse un modelo que migre hacia un uso generalizado del pago por el usuario para sostener la inversión y la calidad de la red de carreteras y seguir impulsando así la actividad de nuestra economía».
Antes que eso, el Estado debe promover una movilidad, tanto pública como privada, en condiciones de máxima seguridad y con el menor coste posible para los ciudadanos. Con una gasolina que sigue navegando en máximos a pesar de puntuales bajadas que apenas se notan, y con una merma de ingresos familiares que obliga a reflexionar cada gasto, proponer un nuevo impuesto para convertir las autovías en carreteras de pago lo único que hará es cargar sobre los consumidores deudas y desajustes de los que no tienen culpa y hacer más inseguro el transporte por carretera, pues los conductores tenderán a sobrecargar las vías de una sola calzada.
