Tras la venta de productos de alto riesgo, como las participaciones preferentes, a ahorradores, Banco Popular continúa engañando a sus clientes. En vez de ofrecer una solución real a los afectados por estos productos tóxicos y mostrar transparencia en el proceso de canje, la entidad ha apostado por el camuflaje, el abuso y el autobombo, denostando aún más su credibilidad.
El pasado 3 de abril de 2012, Banco Popular hacía público en un comunicado oficial el “éxito” de su oferta de recompra y canje de participaciones preferentes por bonos convertibles en acciones al 100% del valor nominal de las preferentes (1.128.227.900 € según datos del propio banco), haciendo creer a los ahorradores que recuperarían el total del dinero depositado. Sin embargo, no comunicó que el precio mínimo de la acción sería de 1,5 euros, según se publicó en la nota de valores. Esto supone para los más de 50.000 ahorradores estafados con estos productos además de convertirse en accionista de manera forzosa, ya que el canje era obligatorio, soportar unas pérdidas del 50% del dinero que depositaron.
En dicho comunicado, además, la entidad no menciona el efecto de este canje para sus clientes. Se centra únicamente en destacar el beneficio que supone para Banco Popular, poniendo así de relieve aún más que su verdadero interesé no es resarcir a los clientes.
Ante estas tácticas continuas de despiste de las entidades bancarias, cada vez es más patente que la lucha colectiva, la organización y la participación de los consumidores es la única salida para lograr que se respeten sus derechos.
ADICAE anima a los ahorradores afectados por el injusto canje de Banco Popular a reclamar sus intereses y a apostar por la vía judicial colectiva.
La Asociación participará en la asamblea de bonistas del Banco Popular en representación de sus socios afectados para defender los derechos de los ahorradores engañados. Denunciamos el injusto límite del precio del canje a 1,5 € por acción cuando la cotización es del 0,65 €. ADICAE considera que la gestión del Comisario del Sindicato de Bonistas no ha sido la adecuada por lo que pide su sustitución por un comisario que se comprometa a eliminar o, al menos rebajar el límite impuesto. Además, ha emprendido ya varias demandas colectivas sobre este caso.
