En las últimas semanas se ha aprobado una reforma del Fondo Social de Viviendas para familias desahuciadas, que está compuesto en la actualidad por 5.220 inmuebles aportados por la banca en toda España. De las 6.000 viviendas aportadas a comienzos de 2013 únicamente 780 se han puesto a disposición de familias desahuciadas, a pesar de que ha habido 1.537 solicitudes. Cifras todas ellas ridículas si tenemos en cuenta que, desde 2007, aproximadamente 600.000 familias han perdido su hogar si sumamos los lanzamientos contabilizados por el Consejo General del Poder Judicial, los habidos en juzgados de 1ª instancia y los acuerdos entre bancos e hipotecados previos al inicio de acciones judiciales.
Requisitos para pedir una casa del Fondo Social de Vivienda
Los ingresos de la unidad familiar no deben superar tres veces el IPREM -1597,53 euros mensuales-.
Ninguno de los miembros de la unidad familiar puede tener una vivienda en propiedad.
La persona desahuciada debe estar en situación de dependencia o discapacidad y suponer para ella, de acuerdo con un informe de Servicios Sociales, un activo indispensable para mantener su inclusión social y autonomía. El requisito hasta ahora era una discapacidad del 33% o superior.
Ser una familia numerosa.
Ser una unidad familiar monoparental.
Ser una familia con dos o más hijos a cargo.
Que haya un menor de 18 años en la familia. Antes el tope eran 3 años de edad.
Que el deudor esté en paro y haya agotado sus prestaciones.
Que haya una víctima de violencia de género en la familia.
Personas mayores en situación de prejubilación o jubilación que mediante aval hayan asumido las deudas de sus hijos o nietos. Esta circunstancia es nueva.
Cualquier familia con circunstancias de vulnerabilidad social que tenga un informe a este respecto de los Servicios Sociales.
El precio del alquiler podrá ir desde los 150 euros hasta los 400. Nunca podrá superar el 30% de la renta neta de la unidad familiar. La duración del contrato será de 2 años, aunque podrá prorrogarse un año más si las condiciones del inquilino no han mejorado y sigue cumpliendo los requisitos exigidos. La posibilidad de acceder a una de estas viviendas también se abre a las familias que han conseguido una dación en pago.
Las solicitudes deberán dirigirse a la entidad de crédito correspondiente, que darán prioridad a aquellas situaciones de mayor necesidad o riesgo social. Solicitarán para ello informe a los servicios sociales de los Ayuntamientos o Diputaciones Provinciales, que deberán emitir informe en un plazo de 15 días. Las viviendas se asignarán antes de la finalización de cada trimestre.
Es preciso reabrir el debate hipotecario
ADICAE llama la atención sobre una situación que debe ser abordada desde la perspectiva de justicia y de los derechos legítimos de los consumidores ante el abuso continuado en el ámbito hipotecario, del que las cláusulas suelo, las tasaciones, o las prácticas y políticas de las entidades, entre otros elementos, son exponente.
Por ello ADICAE reiterará al Gobierno y los grupos parlamentarios la propuesta de impulso urgente e inmediato a un procedimiento concursal especial para consumidores, que tenga como objeto en primer lugar evitar, en los casos en que resulte posible, la pérdida de la vivienda impidiendo además que, en el caso que esto suceda, el consumidor se vea condenado a una deuda perpetua.
