El déficit público de España alcanzó el año pasado el 10,6% del PIB, el porcentaje más alto de toda la UE, por delante de Grecia (9%), Irlanda (8,2%), Portugal y Chipre (6,4%), según los datos finales validados este lunes por la oficina estadística de la Unión Europea, Eurostat. Este déficit final confirmado este día supone que el conjunto de las administraciones públicas españolas ha sufrido un desequilibrio entre ingresos y gastos estimado en entre 110.000 y 120.000 millones de euros, que ha obligado a elevar la deuda pública hasta casi el 100% del PIB nacional.
Un déficit, además, cuyo destino no ha sido en su totalidad paliar las consecuencias de la crisis entre ciudadanos y consumidores. El balance de Eurostar confirma que, sin contar las ayudas a la banca -que se excluyen en el procedimiento sancionador por déficit excesivo-, el déficit español ascendió al 6,9% del PIB, en lugar del 7% que se había estimado inicialmente en abril, de acuerdo con los datos de Eurostat. España se ha comprometido a rebajarlo este año al 6,5% del PIB, según publican diversos medios de comunicación.
Ese 3,7% que resta ha ido a parar íntegramente a los balances bancarios, y son esos más de 40.000 millones de euros que el Gobierno reconoce que se metieron en 2012 en el balance contable de los bancos como rescate, como ayuda financiera pública directa. Se trata, pues, de un tercio del volumen global del déficit de las administraciones públicas, lo que confirma que las ayudas a la banca han sido la partida que más ha obligado al Estado a generar déficit para después convertirlo en deuda pública.
Unas ayudas que, además, están lejos de ser todo lo que el Estado ha metido en vena en las maltrechas cuentas de los bancos. Esos 40.000 millones son apenas una cuarta parte de los avales, garantías o adquisiciones de activos tóxicos a través de la Sareb con los que el Gobierno ha premiado la irresponsabilidad y el abuso que las entidades financieras han perpetrado sobre los consumidores. ADICAE estima en 170.000 millones esa cifra global de rescate público a la banca.
Abusos como los de las participaciones preferentes, las cláusulas suelo o los diversos encarecimientos de las comisiones y los gastos financieros se añaden a esta particular apropiación de la riqueza española por parte de los que se consideraban los mejores bancos del mundo. Se sabe, además, que parte de las ayudas públicas no van a poder recuperarse. Y que sólo una acción colectiva fuerte y coordinada, como la que ADICAE lidera, podrá resarcir a los consumidores de los abusos sufridos por millones de ciudadanos que también han aportado su rescate y que sufren, asimismo, un déficit que les aboca al sobreendeudamiento.
