Después de haber colocado en los últimos años de manera fraudulenta tanto participaciones preferentes como cláusulas suelo, el Consejo de Administración de Bankia acaba de aprobar un código ético y de conducta que fija que «en el momento de la contratación de productos financieros es necesario asegurarse de que el cliente no sólo entiende su contenido y beneficios, sino también los riesgos y costes». Una auténtica burla para los cientos de miles de consumidores que se vieron afectados por las malas prácticas de comercialización de la entidad, y más cuando la legislación vigente ya obliga a las entidades a tomar estas medidas.

Este documento llega tras escándalos como el de las participaciones referentes, que fueron colacadas a cerca de 240.000 ahorradores a pesar de que eran productos financieros complejos absolutamente inapropiados para su perfil como ahorradores. Las cajas que formaron Bankia también son responsables de comercializar cientos de miles de hipotecas con la abusiva cláusula suelo.

La redacción ahora de este documento viene a certificar el hecho de que estos productos se colocaron de manera fraudulenta, por lo que Bankia debería además reconocer sus errores y devolver sus ahorros a los afectados. La legislación vigente, con la normativa MiFid como ‘estandarte’, siempre ha obligado a la banca a certificar que quien ha contratado un producto de cierto riesgo ha entendido perfectamente los peligros que este conlleva para sus ahorros.

En el caso de la comercialización indebida y masiva de las participaciones preferentes, tanto Bankia como varias decenas de entidades financieras se saltaron a la torera todos los mecanismos de control existentes, colocando este producto a alrededor de un millón de familias en toda España.

ADICAE calcula que el perjuicio causado a los poseedores de participaciones preferentes de Bankia puede ser de hasta 6.000 millones de euros, daño por el que intentará que se les resarza a través de una demanda civil colectiva y otra querella penal. Asimismo, ADICAE tiene interpuesta demandas por el caso de las cláusulas suelo, y mantiene una movilización constante para exigir a la Justicia que actúe con celeridad en la resolución de estos casos.