El Ministerio de Fomento ha abierto una ronda de contactos con las constructoras y concesionarias que están en el accionariado de alrededor de una decena de autopistas que están en situación de quiebra técnica, tal y como publican algunos medios de comunicación desde hace semanas. El objetivo, encontrar una «solución» para estas vías, según indicaron fuentes del sector a estos medios de comunicación.
Se trata de un grupo de autopistas de peaje con rutas menores, descongestivos del entorno de Madrid, fundamentalmente las radiales de peaje que discurren paralelas a las autovías tradicionales que desembocan en la capital de España, y que se construyeron durante la época del boom del ladrillo para absorber un volumen de tráfico entonces creciente y con el que esperaban sacar negocio a costa de los conductores. La R2 desde Guadalajara, la R4 desde Ocaña, la R3 desde Villarejo, la autopista Madrid-Toledo… También otras rutas en Murcia y Castilla-La Mancha están dentro de este puñado de autopistas deficitarias.
Autopistas que, como el ‘ladrillazo’ explotó y ya no son un negocio porque los consumidores adaptan sus hábitos de transporte para minimizar su coste, ahora ven pasar mucho menos tráfico del que sus promotores deseaban. Ahora, el Departamento que dirige Ana Pastor baraja la constitución de una sociedad pública, dependiente de su Ministerio, que asumiría la titularidad de estas autopistas. Y, por supuesto, la deuda de unos 3.500 millones de euros que suman todas ellas, deuda que tiene como acreedores principales a las entidades financieras.
Según publicitan estos diversos medios, en el marco del diseño de esta eventual sociedad pública de autopistas, que ya contaría con el visto bueno de los bancos acreedores de las vías, se habrían de incluir las exigencias de las sociedades que gestionan estas autopistas. Su patronal recuerda que, además de la deuda con entidades financieras, las sociedades titulares de las autopistas afrontan un coste por expropiaciones de terrenos sobre los que se construyeron las vías de unos 2.297 millones de euros, un importe cinco veces superior al previsto.
Además, las constructoras, según datos de Seopan, aseguran haber aportado unos 2.800 millones de euros para la construcción de la decena de autopistas. De este importe, 1.800 millones corresponden a las aportaciones de capital que realizaron como accionistas y los otros 1.000 millones, al importe que reclaman por las obras adicionales y modificaciones de proyectos. Si todas estas reivindicaciones se cumplen y el Estado asume todo este rescate, los consumidores volveremos a pagar dos veces una crisis que no hemos generado: ésta, la de las autopistas sin coches, por valor de 6.000 millones de euros.
