Entidades como BBVA, La Caixa o Ibercaja llevan ya meses aplicando esa filosofía, otras como Bankia tienen ideas similares y algunas como el Banco de Santander se han visto obligadas a asumirla para no quedarse atrás. Altamira Santander Real Estate, sociedad de Banco Santander que comercializa y gestiona los activos inmobiliarios propiedad del banco, ha lanzado una nueva campaña que permitirá a los clientes proponer precios por las viviendas que les interesen desde hoy hasta el próximo 31 de octubre, anunció la firma en varios medios de comunicación.
Según el comunicado de la compañía, los clientes podrán hacer su propuesta de precio por unas 5.000 viviendas, prácticamente la totalidad de las casas que vende Altamira Santander. También se podrán presentar precios para locales comerciales, plazas de garajes, trasteros, oficinas, naves, entre otros, y que, al igual que las viviendas, se pueden consultar en su web. En síntesis, es el mismo tipo de campaña que ya tienen en marcha la mayor parte de los grandes bancos españoles.
Y que se basa en un concepto tan antiguo como el propio comercio, como es el del regateo, el intercambio de ofertas y contraofertas por el cual comprador y vendedor tratan de llegar a un punto de acuerdo para dar valor a una transacción determinada. En este caso, el objeto de intercambio son los alrededor de 3,5 millones de viviendas vacías que hay en España, casi 700.000 de ellas a estrenar, y que en su mayor parte son propiedad ahora mismo de los bancos, como testimonio de la irresponsabilidad bancaria causante del crack inmobiliario actual.
A priori, estas campañas no son desfavorables a los consumidores. Toda aquella iniciativa que sirva para que los ciudadanos puedan disponer de algo tan necesario como la vivienda en condiciones lo más favorables posible es algo positivo. Sin embargo, también en estas campañas hay letra pequeña, como no podía ser de otra manera. Y la letra pequeña de estas campañas «ponga precio a su piso» la deja entrever la división inmobiliaria de Ibercaja.
Sujeto al riesgo
La operativa de atracción del consumidor es muy sencilla. BBVA, CaixaBank, Ibercaja… Cualquier entidad bancaria con división inmobiliaria tiene una web fácilmente accesible en la que el usuario puede localizar el piso, local, garaje, etc. que le interese a través de un buscador común, que permite incluso ordenar la búsqueda por localización, tipo de inmueble, metros, precio… De esta manera, de un vistazo, el consumidor puede filtrar su búsqueda para escoger de entre la variadísima oferta inmobiliaria en poder de la banca.
El propio buscador ofrece de manera bien visible un apartado, un link, en el que el consumidor puede hacer una oferta. «Haz tu oferta», dice La Caixa. «Pon tu precio», llama el BBVA. Se abre un formulario de contacto en el que el consumidor debe dejar su oferta y sus datos básicos personales y de contacto, y la entidad financiera abre un plazo, entre las 24 y las 72 horas, para que un comercial suyo se ponga en contacto con el cliente y comience la negociación.
Negociación que va a estar sujeta a un principio básico, que es el que dejaba entrever Ibercaja en su división inmobiliaria antes mencionada. En palabras textuales, «sujeto a los requisitos de concesión de riesgo». Traducido, según la capacidad económica del posible comprador. La letra pequeña de estas campañas se basa en una clara discriminación, que permite que los inmuebles puedan ofertarse en mejores condiciones económicas, pero sólo para los compradores con mayor capacidad de compra, fundamentalmente aquellos que sean capaces de adquirir la vivienda al contado.
Para el resto de compradores, proponer su precio para el inmueble deseado, por mucho que esta oferta se ajuste realmente al precio de mercado del bien, sólo servirá para someterles al juego de comisiones, de falsas ofertas y de sobrecostes que la banca domina en materia hipotecaria. El precio final de la transacción se acercará, o será exactamente el que anuncia el banco para cada inmueble, y las condiciones hipotecarias serán todo lo lesivas que sea posible, particularmente en lo tocante a los diferenciales del Euribor y en la contratación de productos vinculados que encarezcan el coste.
El mismo proceso que ADICAE lleva años denunciando, y que también se traslada a estas campañas que se publicitan como «paga lo que quieras por tu piso» y que, en realidad, introduce un criterio profundamente lesivo y discriminatorio, que se aleja de un principio económico fundamental basado en que los precios de los bienes y los servicios deben ser iguales para todos los consumidores.
