Los partidos políticos deben ser capaces de dar soluciones a cuestiones tan importantes como la seguridad en el ahorro, el endeudamiento familiar o la protección de los derechos frente a entidades financieras y grandes empresas, entre otros temas de trascendencia para el ciudadano como consumidor.
ADICAE considera que los consumidores no debemos pasar la oportunidad de exigir nuestras reivindicaciones ciudadanas, asumiendo nuestro papel crítico. Y así lo hacemos cada vez que llegan unas elecciones, ya sean municipales, autonómicas o generales. Antes de decidir el voto los consumidores deben analizar los programas y hacer balance de si los partidos y candidatos defienden sus derechos como consumidor.
Tampoco debemos tolerar como consumidores que los partidos y candidatos utilicen el consumo de manera frívola, tal y como lamentablemente han venido haciendo en los últimos años. Cuidado con las demagógicas “promesas” sobre política de vivienda, consumo responsable, recursos sostenibles, consumos “racionales”, etc. Que no le confundan tampoco con el uso del consumo como motor de “crecimiento” económico. No debemos dejar que conviertan de nuevo a los consumidores en meras máquinas de “consumir y callar”.
Los consumidores somos votantes todo el año, no solo cuando los partidos políticos quieren que lo seamos, cuando toca inaugurar la campaña electoral de turno. Así, siempre que sea posible, debemos preguntar a los candidatos por las políticas que han llevado como partido de Gobierno o como oposición, para defender a los consumidores, sus derechos e intereses frente a las entidades financieras, o el papel que han jugado frente al desmantelamiento de las cajas de ahorros y su patrimonio social. Participar activamente como consumidores para pedir que tengan en cuenta nuestros derechos es el mejor acto de “consumo político responsable”. Es la mejor manera de erradicar esas funestas actitudes por parte de los ciudadanos de escepticismo y desinterés hacia la política y que tanto favorecen a las grandes empresas y bancos.
Desde siempre, existe la sensación de que el consumo es una materia que siempre coge a contrapie a los políticos. Los escándalos colectivos, como el reciente fraude de las participaciones preferentes, siempre les pillan por sorpresa y, en muchas ocasiones, con reacciones tardías y lentas.
En el caso de los gobiernos autonómicos la excusa es siempre la de la “falta de competencias”. Pero la política es imaginación. Luchar por los derechos de los ciudadanos es arriesgar con decisiones valientes. Y defender a los consumidores sin duda es una tarea ardua dada la situación económica actual y los contrincantes que hay enfrente (las entidades bancarias).
Pero cada vez más los ciudadanos, desde nuestra posición de consumidores, vamos tomando conciencia de que la legitimidad democrática de un partido, un Gobierno y su oposición se ganan así. Con una decidida voluntad de querer defender los intereses de los consumidores y ciudadanos. Hay que obligarles a hacerlo, y a que las promesas electorales no sean sólo papel mojado.
