El Gobierno aprobará este viernes un Real Decreto Ley sobre las participaciones preferentes y otros productos tóxicos y su forma de comercialización, que ha sido masiva y fraudulenta, tal y como ha reconocido el propio ministro de Economía, atrapando alrededor de 30.000 millones de euros de los ahorros de casi un millón de familias, con el único objetivo de ‘recapitalizar’ la banca a costa de los consumidores.
Por ello la Plataforma de Afectados por las participaciones preferentes y otros productos tóxicos de ADICAE exige que este Real Decreto incluya alguna “medida general para que se proceda a una devolución ordenada del dinero”, ha indicado el presidente de ADICAE, Manuel Pardos, en una entrevista concedida al diario ABC.
Pardos recuerda que los afectados “reclaman la devolución íntegra de su dinero, para que ellos lo dispongan libremente para lo que quieran. Que, generalmente, será invertir en plazos fijos que podrían negociar con sus entidades”. Pero la banca no ha querido, ha preferido someterlos a un elevado riesgo en forma de canjes forzados por acciones o bonos, productos de riesgo que pueden conllevar cuantiosas pérdidas. Por ello ADICAE está planteando para septiembre una batería de demandas colectivas. “Si cada familia va a la Justicia, sería una catástrofe”, avisa Pardos.
ADICAE vuelve a insistir en que el de las participaciones preferentes no es un problema de falta de regulación, sino de vigilancia. “Hay que añadir todo tipo de controles para que no se vuelva a realizar esa comercialización masiva. No el 100% de los que tienen preferentes han sido engañados, pero ADICAE calcula que muy por encima del 90% han sido engañados. Se puede dejar un pequeño porcentaje de las emisiones de estos productos para aquellas personas que tienen conocimientos probados, pero tiene que ser una minoría insignificante”, apunta el presidente de ADICAE.
