Con la nueva directiva europea de Crédito al Consumo Directiva (UE) 2023/2225, y que tenía plazo de transposición obligatoria hasta el 20 de noviembre de 2025 se ha producido, o se va a producir si es que se verifica su transposición, que ya está fuera de plazo, un nuevo paradigma en el sistema financiero y más concretamente en el mercado del crédito minorista. La transposición de la Directiva (UE) 2023/2225 de crédito al consumo en España se encuentra actualmente en fase de anteproyecto de ley, aprobado por el Gobierno el 7 de enero de 2026.
Con la transposición de la Directiva (UE) 2023/2225, se afronta el reto de modernizar la legislación de consumo que ya estaba obsoleta, en un contexto ante la explosión de la digitalización, los créditos rápidos y los nuevos modelos de «compra ahora, paga después» (BNPL).El nuevo marco legal tiene un objetivo claro, que es sustituir la ley de 2008 por un texto que proteja al consumidor en un entorno donde el crédito se consigue con un fácil acceso en Internet. Los pilares de esta reforma son la ampliación de su marco de aplicación regulando ahora los créditos inferiores a 200 euros, un nicho donde proliferaban prácticas abusivas y donde en su artículo 3 establece la supresión de las exenciones permitidas por la Directiva 87/102/CEE, lo que implica la eliminación de los límites mínimos y máximos y la ampliación del ámbito de aplicación para abarcar todos los productos de crédito al consumo, independientemente de su importe, tipo y garantía. Los contratos de compra a plazos y los descubiertos bancarios quedan ahora incluidos.; también exige una evaluación de solvencia rigurosa en donde las entidades ya no podrán conceder préstamos de forma automática basándose solo en algoritmos sino que deberán demostrar que el consumidor tiene capacidad real de pago para evitar el sobreendeudamiento.
En definitiva se imponen estándares de información precontractual adaptados a dispositivos móviles, asegurando que los costes totales sean visibles antes de la contratación. Además establece un nuevo marco de protección frente a la usura estableciendo topes a los tipos de interés, con una limitación clara de la Tasa Anual Equivalente (TAE), terminando con años de inseguridad jurídica, especialmente en las tarjetas revolving. El límite del 22% TAE se ha establecido como tope transitorio para los créditos al consumo general. Esto obliga a miles de contratos de tarjetas revolving a ajustar sus márgenes a la baja para no ser considerados nulos, considerándose desde ese momento como crédito al consumo. Además, para frenar los intereses abusivos en préstamos rápidos, se limita el interés mensual al 4% y se prohíben comisiones que superen el 5% del capital o los 30 euros. Estos préstamos deben tener ahora un plazo de devolución mínimo de tres meses, evitando la espiral de deuda de los créditos a 30 días.
ADICAE, en todo este proceso, no se ha limitado a observar el cambio normativo, sino que ha actuado exponiendo su voz en los distintos foros, tanto a nivel nacional como europeo siendo la asociación española de referencia en los órganos de representación de los consumidores. Ha participado en las consultas del legislador de los anteproyectos como un grupo de presión esencial para que la ley tenga un marcado carácter social. Además, su experiencia en los tribunales ha influido para que la acción colectiva sea una herramienta eficaz para defender a los consumidores de las malas prácticas bancarias. Lamentablemente la Directiva de acciones de representación aún no ha sido traspuesta en el marco legislativo nacional, siendo este uno de los elementos fundamentales para que la nueva legislación de crédito al consumo sea eficaz. La asociación ha trabajado en impedir que las entidades comercialicen productos de alto riesgo a personas que ya presentan signos de asfixia financiera. Además ha impulsado una Educación Financiera Crítica en su labor constante de formación con la intención de que exista un consumidor empoderado.
Aunque la ley aún no ha entrado en vigor el sector financiero ya está sintiendo el «efecto arrastre». La combinación de una directiva europea ambiciosa, una transposición nacional que ponga límites a la usura y a las prácticas abusivas junto a la labor de vigilancia de asociaciones como ADICAE, situará a los consumidores españoles en una posición de mayor seguridad frente a los abusos del pasado.
