ADICAE representó a los consumidores y a los pequeños accionistas en la Junta General de Accionistas de Iberdrola, que se celebró el viernes 27 en Bilbao. La asociación pidió aclaraciones acerca de la reelección en el Consejo de Ángel Acebes, imputado en el caso Bankia, o sobre la excusa de unos mayores impuestos que han reducido el beneficio con la que se pretenda seguir subiendo el ya exorbitante precio de la luz. Máxime considerando que la electricidad es un bien de primera necesidad lo suficientemente caro como para que siga subiendo, cuando muchos hogares se encuentran en dificultades severas para afrontar el pago actual.

Una vez más ADICAE planteó al Consejo de Iberdrola la necesidad de implementar formas reales y efectivas para propiciar la participación activa de los cientos de miles de pequeños accionistas y para mejorar las prácticas de la misma con la clientela y con los consumidores.

A continuación, se transcribe la intervención completa de ADICAE:

Buenos días, acudo a esta Junta de Accionistas en nombre de ADICAE y de cientos de pequeños accionistas de Iberdrola. Además, ADICAE participa activamente en esta y otras Juntas con la legitimación que le confiere su pertenencia al Comité Consultivo de la CNMV en representación de los pequeños accionistas y a Euroshareholders, que dentro del grupo europeo Better Finance, representa y defiende los intereses de los accionistas de toda la UE.

En primer lugar nos gustaría mostrar nuestro total desacuerdo sobre la política de Iberdrola consistente en dirigir el voto del pequeño accionista hacia el Consejo de Administración, primándoles con 0.005 euros por acción. La prima por asistencia o delegación es perfectamente legal y seguramente necesaria pero entendemos que supone un abuso tal y como lo plantean, ya que los accionistas tienen la posibilidad de delegar en cualquier persona –lo que les da derecho a cobrar la prima igualmente- y sus anuncios en prensa y las propias tarjetas de delegación llevan claramente a confusión, cuanto menos. De hecho, decenas de accionistas, nos han animado a denunciarlo, haciendo constar su indignación al respecto, y es por ello que queríamos empezar nuestra intervención de esta manera.

Y como se vanaglorian de ser considerados una compañía muy proactiva en el diálogo con sus accionistas y en temas de gobierno corporativo, incluso de recibir premios en este sentido (y que efectivamente hemos de reconocer que nos contestaron punto por punto y por escrito a todas las cuestiones –muchas de ellas críticas- que les planteamos el año pasado), … ¿creen que podrán distanciarse de otras empresas que cometen estas manipulaciones y dejar claro al accionista los derechos de los que dispone?

Por cierto, antes de entrar en algunos puntos del orden del día, sorprende que no quieran someter un asunto tan importante como la emisión de productos financieros híbridos a valoración del Consejo de Administración, y decirles que permaneceremos desde ADICAE vigilantes para que estos productos complejos no se dirijan como en el pasado a un perfil de ahorrador conservador.

Respecto a las cuentas anuales de Iberdrola, la gestión de la Sociedad y la actuación del Consejo de Administración no nos pronunciamos.

Pero no queremos que la caída del 9.5% de los beneficios de la compañía con respecto al año anterior, que ustedes imputan a la mayor carga impositiva durante el 2014 fruto de las reformas regulatorias, pretenda ser compensada en 2015 con una subida del precio de la electricidad para los consumidores, por el incremento del 38% del coste de la energía en el mercado mayorista. Consideramos que la electricidad es un bien de primera necesidad suficientemente caro como para que siga subiendo o en su caso condicionando su subida a la responsabilidad del consumidor a la hora de implantar medidas de eficiencia energética, cuando muchos hogares se encuentran en dificultades severas para afrontar el pago actual.

Respecto a la reelección de Ernst&Young como auditor de cuentas, no nos pronunciamos.

Pero confiamos en que las auditoras no se perpetúen en el tiempo en sus servicios para con la entidad, ya que ha quedado demostrado que esa circunstancia los hace más propensos a sufrir situaciones que conllevan conflictos de interés, alejándose de la independencia y objetividad que debe regir sus actuaciones.

Respecto a la distribución del dividendo, nos pronunciamos a favor.

Aunque advertimos de que permaneceremos vigilantes para evitar que se prime al accionista a decantarse por la opción de recibir su remuneración en forma de acciones (con la consiguiente dilución que supone la ampliación de capital correspondiente para el pago en especie), en lugar de íntegramente en efectivo.

Respecto a la renovación del Consejo de Administración, nos pronunciamos en contra.

No frente a la generalidad de los miembros pero sí frente a la reelección de D. Ángel Jesús Acebes Paniagua, ante la cual nos oponemos, por su desconocimiento del negocio, por su situación de imputado por Bankia donde actuó en el mismo área de actividad y su vinculación con los famosos “papeles de Bárcenas”.

Por otro lado, la designación del actual presidente de Iberdrola para un nuevo mandato tras tantos años contraviene los más elementales principios de buen gobierno corporativo, y más si tenemos en cuenta que se combina de manera conjunta dentro de la alta dirección los papeles que en otros países están asignados de forma claramente diferenciada al presidente y al primer ejecutivo de la empresa.

Además, unas personas que llevan varios años sentados en el mismo Consejo con los grupos dominantes, difícilmente pueden guardar su independencia y defender los intereses de los pequeños accionistas, menos todavía cuando han desempeñado cargos que tienen mucho más que ver con lo ejecutivo. Que cunda el ejemplo del nombramiento de los últimos dos consejeros, que al menos son expertos en el ámbito energético.

Respecto a la modificación de los estatutos sociales, para adaptarlos a la Ley 31/2014 de Sociedades de Capital para la mejora del gobierno corporativo, nos pronunciamos claramente a favor, si bien consideramos que ya había casuística suficiente antes de la aprobación de la citada Ley como para haber introducido ya medidas que mejoraran la participación de los pequeños accionistas y el impulso de la democratización de las Juntas, en las cuales durante los últimos años ha habido múltiples irregularidades ya denunciadas ante la CNMV que menoscabaron los derechos de los legítimos propietarios de la entidad, sus accionistas.

Respecto a las reducciones de capital social, no nos pronunciamos pero no entendemos el sentido de que se ponga como objetivo mejorar la participación de los minoritarios, y que se realicen compras de acciones propias por valor de 11,6 millones de euros.

Respecto al informe anual de remuneraciones de los consejeros, nos pronunciamos en contra del aumento del 22% del sueldo del Presidente, sobre todo si tenemos en cuenta la caída del beneficio y el mantenimiento del dividendo para el accionista.

Y como además de accionistas representamos a consumidores, no queríamos desaprovechar la ocasión sin poner de relieve algunas malas prácticas de Iberdrola (a nuestro juicio) que nos gustaría se dejaran de producir o al menos nos aclararan el por qué de las mismas. Entendemos que estas actuaciones llevan a que Iberdrola concentre la mitad de todas las reclamaciones eléctricas ante la Comisión Nacional de Mercados y la Competencia.

– La incitación a sus clientes para contratar la “tarifa plana” con la excusa de evitar sobresaltos en su facturación sin advertirles que a cambio el importe final será mayor.

– El envío de comunicados informando a algunos clientes de que se ha detectado una manipulación de su contador y que se les aplica una elevada sanción económica sin respetar las garantías que la normativa establece para estos casos, quedando el cliente en una total indefensión.

– La extendidísima práctica de trasladar a los consumidores del mercado regulado al mercado libre sin el consentimiento del cliente.

– El uso de comerciales a comisión fomentando un sistema que permite el engaño a los consumidores.

– El traslado de una información insuficiente y a veces engañosa a los clientes para que contraten tarifas planas que no se ajustan a su consumo.

– El trato ofrecido a las personas que tienen dificultades para pagar las facturas. Iberdrola corta la luz, por impago, sin los avisos fehacientes que marca la legislación.

– La condena ya firme del Supremo a resarcir con 20 millones de euros a Hidrocantábrico por negarle en su día el acceso a la red eléctrica.

– La mala práctica de imponer sobrecargos económicos por manipulación de elementos de medida, donde ADICAE se plantea iniciar una demanda colectiva.

Estas cuestiones también repercuten en los accionistas, ¿no creen?

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