El galimatías formado acerca de las participaciones preferentes y las consecuencias que para los afectados por su comercialización fraudulenta tendrá el rescate a la banca española es, todavía, abrumador. El Gobierno español sigue realizando una supuesta negociación con Bruselas sobre si los afectados por participaciones preferentes deben afrontar parte de la reestructuración que van a sufrir las entidades que han necesitado, y van a necesitar, ayudas públicas.
Entretanto el único documento oficial a este respecto es el ‘Memorando de Entendimiento sobre condiciones de política sectorial financiera’, es decir, la ‘hoja de ruta’ del rescate a la banca española. ADICAE ha detectado algunas incongruencias en el texto, que nos hacen mantenernos firmes en nuestra exigencia de que los afectados por participaciones preferentes no tengan que afrontar quita alguna y, en consecuencia, puedan tener derecho a recuperar íntegramente sus ahorros.
Así, en el apartado 15 del texto, se indica que los bancos que reciban ayuda estatal contribuirán con sus propios recursos, en la mayor medida posible, al coste de la reestructuración. También se dice que se prohibe remunerar “los instrumentos híbridos de capital”, como son las preferentes. Los bancos y sus accionistas –entre los que se incluyen miles de accionistas forzosos, a causa de los fraudulentos canjes de preferentes por acciones- tendrían que “garantizar la absorción de las pérdidas de los instrumentos de capital y de los instrumentos híbridos de capital en la mayor medida posible”. Es decir: tendrían que pagar parte de las pérdidas que tengan quienes todavía posean productos como las preferentes.
En el punto 17 se indica que, “tras asignar pérdidas a los accionistas las autoridades españolas exigirán la aplicación de medidas para repartir la carga entre los titulares de capital híbrido –como son las preferentes- y los de deuda subordinada de los bancos que reciban ayuda pública, mediante la introducción de ejercicios voluntarios y, en su caso, obligatorios de responsabilidad subordinada”. Es decir, mediante canjes voluntarios o quitas obligatorias para las que “las autoridades españolas” deberán introducir “modificaciones legislativas”, como el Real Decreto que está preparando el Gobierno y que verá la luz el 31 de agosto.
Además también se indica que el Banco de España desincentivará que los bancos que hayan de recurrir a la ayuda estatal apliquen a estos canjes una prima superior al 10% de su precio actual en el mercado.
Hasta aquí todo ‘correcto’: el Memorando exige al Gobierno que los afectados por participaciones preferentes –sean o no accionistas- afronten parte del agujero económico de las entidades financieras…
…Y sin embargo…
Y sin embargo, el apartado 25 exige que “debe reforzarse la protección de los consumidores y la legislación sobre valores, así como la supervisión del cumplimiento por las autoridades, a fin de limitar la venta, por parte de la banca, de instrumentos de deuda subordinada a clientes minoristas no cualificados y mejorar sustancialmente el proceso de venta a estos últimos de instrumentos no cubiertos por el Fondo de Garantía de Depósitos. Ello exigirá una mayor transparencia en cuanto a las características de tales instrumentos y sus consiguientes riesgos, a fin de garantizar que tales clientes son plenamente conscientes de ellos”, obligando a las autoridades españolas a proponer normas específicas antes de febrero de 2013.
La comercialización de las participaciones preferentes y otros productos tóxicos como la deuda subordinada o las cédulas hipotecarias se realizó de forma masiva, a clientes minoristas sin conocimientos específicos, violando de manera flagrante la normativa MiFid –sin realizar los tests de conveniencia o rellenándolos el propio banco-, el Código Civil español y la Ley del Mercado de Valores. ¿Cómo pretenden el Eurogrupo y el Gobierno tratar de igual manera a los inversores cualificados que a los estafados por participaciones preferentes y otros productos no cubiertos por el Fondo de Garantía de Depósitos, siendo que el propio Memorando recoge la obligación de mejorar la regulación y la vigilancia de la comercialización de este tipo de productos?
Es del todo punto incongruente. Por ello, seguimos exigiendo que los afectados por participaciones preferentes, deuda subordinada, cédulas hipotecarias y cualquier otro producto tóxico vendido por la banca de manera incorrecta y atentando a la legislación vigente no tengan que afrontar quita alguna y puedan recuperar íntegramente su dinero, captado por la banca de manera irregular. Nuestra asociación ya ha presentado una batería de demandas civiles para llevar ante la Justicia este auténtico corralito.
