Según el técnico de los Servicios Jurídicos de ADICAE, Santiago Pérez, existe un “fraude” en la contratación desde el momento en el que «no se informa de que tiene un carácter perpetuo». ADICAE no es partidaria de una resolución judicial de conflictos, sino que propone avanzar en una resolución extrajudicial para que se dé una «solución global».
Pérez ha denunciado que el valor de esas aportaciones era «irreal y por eso intervino la Comisión Nacional del Mercado de Valores» y que en la documentación facilitada a los clientes «no aparece ‘perpetuo’ ni ‘preferente’ por ningún lado». El representante de ADICAE ha calificado estas aportaciones como «estafa piramidal», exactamente igual que el «fraude» de Fórum Filatélico y Afinsa.
Ha reconocido que hay diferencias entre las participaciones preferentes comercializadas por algunas entidades bancarias y las aportaciones financieras subordinadas, aunque ha asegurado que «la casuística y los abusos son idénticos».
Además Pérez ha defendido «una solución global para un problema global» en lugar de solventar caso por caso esta situación y ha expresado su preferencia por que dicha solución sea «extrajudicial», que no implique necesariamente la amortización de esos bonos ni obligue a la entidad a recapitalizarse. Con motivo de esta comparecencia, afectados por las aportaciones financieras subordinadas emitidas por Eroski y Fagor se han concentrado frente al Parlamento vasco.
Por su parte el responsable de Ahorro e Inversión de ADICAE, Javier Contreras, ha explicado que los afectados “tienen un perfil similar a los de las participaciones preferentes: ahorradores de toda la vida que no han invertido nunca en productos de riesgo y han asegurado sus ahorros en depósitos o productos no complejos”.
Eroski y Fagor emitieron las aportaciones financieras subordinadas (AFS) entre 2002 y 2007, bajo la supervisión de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y su comercialización se efectuó, no por el emisor, sino por bancos y entidades financieras como BBVA, Banco Santander o Caja Laboral. Se calcula que hay entre 20.000 y 40.000 afectados, principalmente en País Vasco y con una inversión media de 12.000 euros.
