Las deficiencias en la política de inversión de Agrupació Mútua han llevado a la Dirección General de Seguros a tomar el control de la gestión de Mútua nombrando dos administradores, destituyendo al presidente y al consejo de administración. Las pérdidas de la compañía (13,5 millones de euros en 2008) tienen su origen en su excesiva exposición al ladrillo (Agrupació Mutua cuenta con una participación del 70% en la inmobiliaria Amci Habitat), y en el sector financiero (Agrupació controla más del 25% de Bankpime, que el año pasado perdió 4,7 millones de euros). Todo pone sobre la mesa de debate el control sobre la política inversora de estas entidades que, hasta ahora, parecían a salvo de la crisis. Lo que interesa por el momento es determinar cómo quedan los derechos de los casi 380.000 clientes.
ADICAE actúa
ADICAE, miembro de la Junta Consultiva de Seguros, se ha dirigido a la Dirección General de Seguros (DGS) pra exigi transparencia y que se depuren las responsabilidades de todos los administradores anteriores. En este sentido, la actuación de Félix Millet, hasta junio presidente de la Mutua, debe ser sometida a un pormenorizado análisis, a fin de establecer su posible responsabilidad en el desplome.
Como hemos comentado, la situación patrimonial de la Mutua se ve afectada por las inversiones realizadas en dos sectores que constituyen un núcleo fundamental de la actual crisis: el inmobiliario y el financiero. Es evidente que estos dos agujeros han motivado la adopción de medidas de control especial previstas en el RDL 4/2006, el pasado 16 de Octubre, de la Dirección General de Seguros que decidió tomar el control de la aseguradora Agrupació Mutua, alegando “deficiencias muy significativas de control interno e irregularidades en la gestión” y que la medida era necesaria para “salvaguardar los intereses de los asegurados y garantizar el cumplimiento de los contratos”.
En la misiva, ADICAE ha pedido a la DGS que expliquen los problemas que podrían crear a los usuarios el futuro incierto de esta aseguradora; las soluciones que se plantean; y el plan de saneamiento previsto para esta mutua. Asimismo, que pide que se expliquen cuáles han sido los mecanismos de control de las compañías aseguradores en los últimos años, dada su exposición al «ladrillo» como forma de inversión.
Hay que priorizar los derechos de los asegurados
Desde que saltó la noticia de la intervención de la Mutua, la Asociación ha recibido continuas de consultas en las oficinas de todo el país de consumidores preocupados pidiendo información, orientación y consejo sobre el futuro de sus pólizas. La incertidumbre ante una hipotética liquidación futura de la Mutua es el denominador común de estas llamadas. Saneamiento, fusión o liquidación, sea cual sea el destino que se disponga para la Mutua, los asegurados deben ser protegidos a toda costa.
Naturalmente, es irrenunciable priorizar los derechos de los asegurados. El Ministerio de Economía y Hacienda aseguró que la medida adoptada no llevaba aparejada la suspensión de contratación de nuevos seguros ni la prohibición de prórroga de los ya vigentes. La administración interina de la entidad debe velar para que los presupuestos de transparencia y eficiencia rijan todas sus acciones, de modo que ningún usuario vea amenazado el cumplimiento de las cláusulas de su contrato de seguro.
ADICAE, que en sus más de 20 años de existencia ha asistido a varias crisis y liquidaciones de entidades, conoce bien las deficiencias del sistema administrativo implantado para su tratamiento. Por ello, insiste en que sólo la transparencia hacia los usuarios y el principio prioritario de la defensa de los consumidores y usuarios en relación a todos los aspectos que rodean a este caso, es la fórmula indicada de cara a los posibles pasos futuros a seguir (bien en la línea de una fusión, bien de una liquidación).
