Los consumidores cuentan con una nueva arma para defenderse jurídicamente de la amenaza del desahucio después de que el magistrado Francisco Javier Orduña emitiera su voto particular en la sentencia 705/2015 de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo (TS).

El tribunal ha declarado por primera vez nula la cláusula de vencimiento anticipado, por la cual los bancos exigen todo el dinero pendiente por el simple impago de un plazo, si bien el TS ha vuelto a realizar una interpretación limitada y favorable a la banca, igual que hizo con la retroactividad de la cláusula suelo. Así, la ejecución podrá seguir adelante aun habiéndose declarado nulo el vencimiento anticipado, llave de todos los embargos y desahucios.

Sin embargo, el magistrado Orduña discrepa y defiende que si el vencimiento anticipado es nulo deben anularse también sus efectos, paralizando así la ejecución hipotecaria, algo que también defienden ADICAE y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) y la propia Directiva 93/13.

ADICAE ha llamado a todos los jueces a ser valientes y justos y no seguir la doctrina del TS, tal como ya hacen muchos magistrados con la cláusula suelo. El criterio de Orduña permitiría parar la ejecución, elevar una cuestión prejudicial al Tribunal Europeo y abrir un proceso declarativo donde el consumidor puede defenderse con mayores garantías que en la ejecución hipotecaria.

“Los jueces podrán parar los desahucios hasta que haya una legislación más justa”, ha afirmado el presidente de ADICAE, Manuel Pardos, confiado en que el gran cambio del sistema hipotecario español llegará desde el Parlamento, donde los nuevos partidos y los tradicionales tienen la responsabilidad de acometer una profunda y urgente reforma de la legislación hipotecaria.

Además de analizar las propuestas de cada partido frente a los desahucios, ADICAE trasladará a las distintas fuerzas una batería de medidas legislativas que incluyan una moratoria hipotecaria o la eliminación expresa del vencimiento anticipado, entre otras cláusulas abusivas.

Hasta ahora, las medidas puestas en marcha por el ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos –como el Código de Buenas Prácticas Hipotecarias o la Ley de Segunda Oportunidad–, solo han demostrado su ineficacia al confiarlas al voluntarismo de los ‘verdugos’ –los bancos– y a una aplicación restringida a los casos más extremos.

El drama de la vivienda en España, donde millones de familias viven al borde del embargo y el desahucio y solo cada año se inician 80.000 ejecuciones hipotecarias, no ha sido considerado por los políticos como lo que es, una cuestión de Estado. Mientras que aquí empiezan a verse algunos pequeños avances en la lucha contra esta plaga gracias a recientes medidas asistenciales de ayuntamientos y gobiernos autonómicos, en un país como Estados Unidos, con más de 10 millones de hipotecas basura (‘subprime’), las políticas impulsadas por Barack Obama, como una moratoria o la reducción de intereses de los préstamos, han garantizado una protección mínima al ciudadano mientras sale de la crisis.

Es el momento, por tanto, de crear una legislación hipotecaria que beneficie a todos, tanto a los consumidores para que puedan pagar su vivienda protegiendo sus derechos como a los bancos para que cobren sus préstamos en unas condiciones razonables. Por eso, ADICAE va a liderar un frente común en el que espera contar con la judicatura, los partidos políticos, las organizaciones sociales y profesionales y la sociedad civil.

Mientras tanto, la asociación pone en marcha una campaña para ayudar a todas las familias en riesgo de ejecución hipotecaria. ADICAE se pone a disposición de los consumidores en sus sedes para que puedan beneficiarse del “balón de oxígeno” que supone el voto particular de un magistrado valiente como Orduña, abriendo una ventana para frenar nuevas ejecuciones y vigilar que la cláusula del vencimiento hipotecario queda desterrada de los nuevos contratos hipotecarios que se firmen en nuestro país a partir de la publicación de la citada sentencia.

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