El número de actuaciones y trabajos relevantes relacionados con la supervisión realizados en 2012 “se ha elevado a 659, frente a los 549 del año 2011. De ellos, 150 se encontraban en curso o pendientes de cierre a 31 de diciembre”, dice el organismo supervisor.
De estas actuaciones, surgieron requerimientos formulados a entidades en un total de 111, contenidos en 41 escritos. “Los principales capítulos de recomendaciones y requerimientos fueron los relativos a riesgo de crédito y políticas de gestión y control interno, que representaron el 73 % del total”. Nada acerca de abusos bancarios, condiciones irregulares en contratos de ahorro o crédito, malas prácticas con los consumidores… La prioridad del Banco de España, desde luego, no está en los ciudadanos.
Reconoce de hecho el BdE como actuaciones más importantes “la revisión y aprobación de los planes para la recapitalización, reestructuración y, en su caso, resolución de los bancos que presentaron unas necesidades adicionales de capital. Fruto de ellos, en diciembre de 2012 las entidades del denominado Grupo 1 (BFA-Bankia, NCG Banco, Catalunya Banc y Banco de Valencia) recibieron 36.968 millones de euros y, ya en 2013, se han completado las inyecciones de recursos públicos con la aportación de 1.865 millones de euros a cuatro entidades del denominado «Grupo 2» (Caja3, Banco Mare Nostrum, Banco Ceiss y Liberbank)”.
Un éxito, el rescate bancario, a juicio del BdE, así como las actuaciones asociadas a la creación de la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) “Los anteriores procesos se han llevado a cabo en estrecha coordinación con otras autoridades españolas (el Ministerio de Economía y Competitividad y el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria) y con las autoridades europeas (la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y la Autoridad Bancaria Europea) e internacionales (Fondo Monetario Internacional)”, lo cual es una clara confesión acerca de hasta qué punto las instituciones públicas españolas y europeas han sometido los intereses de los consumidores a los de la banca, responsable máxima de la actual crisis y la que menos sufre sus consecuencias.
Sanciones escasísimas
En fin, durante el año 2012, el Banco de España acordó la incoación de cuatro expedientes sancionadores a los siguientes sujetos: Una caja de ahorros por la presunta comisión de infracciones que podrían incidir en la viabilidad y solvencia de la entidad. Una entidad de pago y su administrador, por realizar una operación societaria sin la previa autorización ministerial. Otra entidad de pago y su administrador, por presuntos incumplimientos de la normativa reguladora de su actividad en materia de recursos propios. Y dos sociedades que ejercían, sin la preceptiva autorización y sin hallarse inscritas en los correspondientes registros, actividades reservadas legalmente a las entidades de pago.
Muy poco, a tenor de la actividad de un año, 2012, en el que se han puesto de manifiesto los problemas que los consumidores están teniendo con los bancos, agravados y aumentados por el desempleo y el bajón en los ingresos familiares consecuencia de la crisis. El Banco de España sigue sin pronunciarse acerca de los fraudes al ahorro personificados en las participaciones preferentes, o acerca de los abusos a los deudores hipotecarios plasmados fundamentalmente en las cláusulas suelo o los diferenciales del Euribor. Sólo los jueces, tímidamente, empiezan a tomar nota. Muy a pesar del BdE, convertido en guardián de la banca, al servicio de sus intereses.
