
Los fraudes masivos que han sufrido los consumidores españoles en los últimos años sólo pueden resolverse judicialmente con eficacia a través de una actuación colectiva. Si las grandes empresas se niegan a negociar con los consumidores y sus organizaciones representativas soluciones justas a los problemas y abusos que cometen, si los sucesivos gobiernos son incapaces de imponer soluciones politicas universales, incluso aunque los parlamentos se hayan pronunciado clamorosamente por soluciones razonables y justas, no queda más remedio que acudir a la vía judicial, y es ahí donde el procedimiento colectivo adquiere una gran importancia para defender los derechos defraudados. Leer más







