Como ya señaló en su día la asociación, que ejerce de acusación en el proceso penal, la «llamativa» exención de responsabilidad que en el plano civil el TJUE estableció para el Santander frente a los afectados por el Popular no es aplicable al ámbito penal ni al proceso que se sigue en la Audiencia Nacional, en el que la Asociación agrupa a más de 3.000 pequeños ahorradores-accionistas.

ADICAE aplaude el auto del Juzgado Central de Instrucción número 004 de Madrid, en el que, se aceptan las alegaciones que la asociación presentó tras la sentencia del 5 de mayo de Tribunal Supremo de Justicia (TJUE).

En dicha sentencia, el TJUE se oponía a que los consumidores, que adquirieron acciones del “Popular” antes de su resolución, pudieran exigir responsabilidades al Santander por la información contenida en la publicidad de su folleto, o incluso, ejercer una acción de nulidad de contrato de suscripción de esas acciones, lo que daría lugar a la restitución de las cantidades invertidas y de sus intereses.

Para conseguir que estos pequeños ahorradores-accionistas recuperasen la inversión, que ADICAE reúne y representa a más de 3.000, la asociación formuló al juez un texto con alegaciones, que se vertebraba en la evidente responsabilidad civil subsidiaria del Banco Santander.

Así lo argumentaba la asociación: “En este sentido debemos recalcar que atendiendo a la excepcionalidad manifestada por el propio tribunal debe ser objeto de interpretación (por excepcional) restrictiva las consideraciones del mismo, y por tanto los supuestos que no se reflejan no son opuestos al derecho de la unión. Es decir, en caso de que la adquisición de esas acciones no fuera en la OPS, que fueran adquiridas en el mercado secundario de valores, sí debería entenderse que es posible esa demanda de resarcimiento de esas cantidades”.

Con estos datos sobre la mesa, el juez instructor del caso, José Luis Calama, ha considerado que dentro del procedimiento penal “no resulta aplicable la sentencia del TJUE”, en la que se basó la defensa del Santander.

Asimismo, el juez discrepa con la postura de este: “A efectos dialécticos, disentimos «ad integrum» de tal pretensión habida cuenta de que en este procedimiento penal, a nuestro juicio, no resulta aplicable la sentencia del TJUE”.

Por ende, estos pequeños ahorradores-accionistas han encontrado en la vía penal una fórmula para poder resarcir el agravio ocasionado por la compra de acciones del Banco Popular, vía en la que ADICAE sigue defendiendo a los consumidores pequeños ahorradores-accionistas que siguen sumándose al proceso.

Tal y como se había comprobado desde el anuncio del nuevo impuesto por el Presidente del Gobierno, toda la banca y todas sus instituciones, incluido el BCE de De Guindos., se oponen a cualquier impuesto especial para la banca amenazando con “grandes males al sistema financiero español”

Los consumidores, que nunca han sido consultados por el Ministerio de Economía, consideran que sería una lamentable decisión reblar en esta cuestión por la presión del lobby bancario

El que todos den por supuesto que el Estado Español no tiene instituciones que garanticen que se cumple la Ley respecto al trato a los usuarios bancarios pone en cuestión el propio Estado de Derecho

ADICAE reclama que la ministra Calviño explique a los consumidores y sus legítimos representantes los términos de su “diálogo” con la banca y sus perspectivas concretas sobre el impuesto

Para el presidente de ADICAE Manuel Pardos, a la reunión con todo el lobby bancario puede aplicársele el mantra latino de “el monte parió un ridículo ratón”.  Más aún, los alegatos de “confianza” de la representante del Gobierno a la «voluntad» de una banca que ya ha manifestado por tierra, mar y aire su oposición a este y a cualquier impuesto o tasa, y cuya trayectoria no se compadece con un trato justo a los consumidores resultan sumamente preocupantes, y requieren información y aclaración sobre el gravamen respecto de cuya definición Calviño ha remitido a una próxima proposición de ley que puede prolongarse indefinidamente y finalmente quedar en nada.

El hecho de que toda la banca y sus apéndices (el banco de España y supervisores) den por hecho vergonzantemente que la banca trasladará los impuestos a los consumidores por mecanismos que necesariamente serían fraudulentos, no impide que los consumidores exijamos a la CNMC, la CNMV, y el mismo Banco de Banco de España, que cumplan con sus deberes legales de proteger a los consumidores y de imponer la ley en su justa interpretación.

Algo en lo que probablemente deban reforzarse algunos aspectos de la supervisión, como la regulación razonable de las comisiones para evitar la actualidad arbitrariedad que se ha practicado desde hace diez años,

En todo caso ante esta situación ADICAE, en su labor de seguimiento de la realidad y de conexión constante con los consumidores,  llevará a cabo las denuncias que correspondan, para lo cual creará de inmediato un Observatorio específico dirigido a vigilar y evitar especialmente posibles prácticas de fraudulento traslado del coste de los impuestos a los consumidores