El Consejo de Ministros de este martes acaba de aprobar una batería de medidas para controlar la escalada del precio de la luz con las que aspira a rebajar la factura entre un 22 y un 30% a finales de este año. ADICAE apoyará y seguirá las medidas aprobadas, medidas que la Asociación ya ha venido defendiendo activamente para conseguir que se constituyan en resolución permanente y sistemática del problema de la tarificación eléctrica.

ADICAE, la organización más representativa en los grandes temas del consumo y la primera organización que ya en 2014 inició la movilización de los consumidores en la calle y en todas las instituciones bajo el lema “Luz a precio justo”, considera que el conjunto de medidas del Gobierno son el único camino de solución para el gravísimo problema planteado a millones de ciudadanos-consumidores con el precio de la luz. Entre las medidas, se minorará temporalmente el exceso de retribución de las eléctricas por los precios internacionales del gas. Se rebaja el Impuesto de la Electricidad del 5,1% al 0,5%, se prolonga la suspensión del impuesto a la generación hasta fin de año y se destinan 900 millones adicionales de las subastas de CO2. Asimismo, se plantea un nuevo modelo de subasta que relaje los precios de la materia prima.

A partir de estas nuevas medidas del Gobierno, ADICAE, como viene haciendo desde hace tres años en la explicación concreta de la factura eléctrica a los consumidores a través de miles de sesiones online y talleres por toda España, comenzará una nueva campaña informativa y reivindicativa. Partiendo de un gran webinar que la próxima semana reunirá a profesores, ingenieros y otros expertos junto con dirigentes de la Asociación, se coordinará una actuación intensiva hasta final de año de talleres y sesiones por todo el territorio para expandir todas las posibilidades actuales de mejora inmediata de los derechos de las familias y de su factura eléctrica. El objetivo, lograr la traslación práctica a todos los consumidores de las medidas aprobadas.

Manuel Pardos, presidente de ADICAE, ha señalado que “el mismo hecho de que el Gobierno reaccione a un problema de este calado y dimensión y aborde medidas tan relevantes como las aprobadas hoy es un gran paso adelante frente a la situación de abuso masivo sobre los consumidores ante un mercado oligopólico como el energético. Pardos ha añadido que “era necesaria una intervención directa sobre la opaca y abusiva configuración de los precios y sobre los beneficios de las eléctricas, y las medidas presentadas hoy abren además la puerta a una reforma íntegra del pool eléctrico que acabe con la actual metodología marginalista”.

La transformación del sector hacia un suministro basado en las energía renovables, con el objetivo de gravar y desincentivar la generación de energía más cara y contaminante, es una medida estructural que se debe abordar con urgencia. El actual mercado eléctrico implica una factura un 20% superior a la que los consumidores pagaban en 2019, y una decidida estrategia pública, gubernamental, que convierta estas medidas coyunturales en acciones estructurales, será la solución a las necesidades y las reivindicaciones de los consumidores hacia un mercado energético sostenible y accesible para todos.

La CNMC contabiliza 1,1 millones de beneficiarios del bono social eléctrico, el descuento que las comercializadoras aplican en su recibo energético a consumidores con cierto nivel de vulnerabilidad. Las propias cuentas del supervisor cifran en 5 millones las familias que podrían acceder a estas bonificaciones, con lo que cuatro de cada cinco posibles beneficiarios no disfrutan de estos descuentos. En el origen del desajuste, un proceso de solicitud farragoso y burocratizante, que debe renovarse además periódicamente, y que se encuentra con las trabas de las propias compañías; al final, los consumidores desisten. En estos momentos de angustia energética, el Gobierno lanza globos sonda con una reforma del bono social. Cabrá ver en qué se concreta.

Hasta cinco millones de familias con ingresos en el entorno del ‘mileurismo’ pueden solicitar descuentos de un 25% en su factura de la luz. Eso sí, deben permanecer en el llamado precio regulado (PVPC), la antigua tarifa de último recurso que ahora comercializan apenas un puñado de las centenares de empresas que operan en España. Estas eléctricas, que pertenecen a los grandes grupos energéticos del país, dificultan y retardan la tramitación de las ayudas, que deben renovarse cada dos años, desincentivando las solicitudes. La mitad de los beneficiarios del bono social han desistido de renovarlo en los últimos cinco años.

Así las cosas, en este magma burocrático y ante las subidas de la electricidad, se fomentan agresivas políticas comerciales que tienen como objetivo trasladar a los usuarios al mercado libre, hurtándoles su derecho a solicitar el bono social. El boletín de la CNMC cifra en 10,6 millones los consumidores en precio regulado (PVPC), frente a los más de doce millones que tenían esta tarifa hace cinco años. Los últimos datos, además, son de marzo de este año, a la espera del impacto que pueda tener el cambio del cálculo de tarificación del mes de junio.

Un impacto que, previsiblemente, será importante. Las intensas campañas de comercialización telefónica y online, que directamente aluden a la angustia por la falta de control del precio de la materia prima eléctrica, se han trasladado ya al ámbito mediático. Endesa y Naturgy acaban de lanzar sendas campañas de comunicación anunciando tarifas planas con precio estable con el objetivo de trasladar directamente a la opinión pública su estrategia de «estabilización de precios». Autoridades y reguladores siguen recordando que las tarifas planas de las eléctricas siguen siendo más caras que los recibos de un hogar medio en precio regulado.

Pero los consumidores observan con preocupación cómo en apenas unos pocos meses las reglas del juego en el consumo energético han cambiado, a peor para ellos. El recibo eléctrico se incrementará un 20% este año, tal y como confiesa el propio Gobierno. Y no hay garantías de que la situación mejore en los próximos meses. O se toman decisiones que incidan directamente en el recibo de la luz de las familias, o las eléctricas tendrán servida, sobre la mesa, una avalancha de solicitudes de cambio de contrato que prioricen la ‘seguridad’, la sensación de estabilidad, que proporciona una tarifa plana más cara, menos favorable al usuario, con gastos añadidos abusivos o no solicitados, pero que le permitirán al consumidor medio saber cuál será su factura eléctrica al menos a medio plazo.