La Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, presentó el 14 de marzo, ante la Comisión Mixta de Relaciones con el Defensor del Pueblo, el Informe Anual de la Institución correspondiente a 2012.
Tras repasar las actuaciones más destacadas de 2012 y exponer una radiografía de las cifras de ese ejercicio, la Defensora ha avanzado las primeras conclusiones del informe sobre viviendas públicas vacías que está a punto de presentar a las Cortes Generales.
En este estudio, informa la propia institución, se analizan las causas del desajuste entre la necesidad de vivienda y el número de viviendas protegidas sin uso y se ofrecen recomendaciones. “Entre ellas, crear o mejorar los registros de vivienda protegida, con datos que proporcionen las comunidades autónomas y los municipios utilizando parámetros similares que hagan posible evaluaciones de ámbito nacional”. También se propone “aumentar la colaboración y coordinación entre las administraciones implicadas; implantar una inspección más eficiente; perfeccionar los procedimientos de adjudicación de viviendas; y favorecer el alquiler de las viviendas públicas frente a la venta”.
El estudio, realizado con datos e informaciones proporcionados por las consejerías y organismos de Vivienda de todas las Comunidades y de Ceuta y Melilla, estima que muchas de las personas que necesitan una vivienda con urgencia podrían beneficiarse de las miles de viviendas públicas que actualmente se encuentran vacías y disponibles. En concreto, el estudio calcula que, sólo contando las que gestionan las comunidades autónomas -es decir más de 250.000 viviendas con algún tipo de protección pública-, aproximadamente 13.500 están vacías, y de éstas 9.752 pueden considerarse disponibles.
Además, el Defensor del Pueblo ha pedido información a diez ayuntamientos de capitales con una población superior a 350.000 habitantes, que también disponen de promociones de vivienda pública. Según la información recibida, estos núcleos de población gestionan 24.055 viviendas protegidas, de las cuales estarían vacías y disponibles por lo menos 427. En opinión de la institución, “resulta ineficiente y poco aceptable que haya viviendas públicas vacías cuando hay decenas de miles de personas que padecen la falta de una vivienda adecuada”.
