El antecedente de esta medida se retrotrae a agosto de 2012, cuando el Ministerio de Sanidad puso en marcha la retirada de la tarjeta sanitaria a los inmigrantes en situación irregular. Anunció que ofrecería a este colectivo una especie de “seguro” médico básico para que puedan seguir recibiendo asistencia en la sanidad pública, en una especie de ensayo de lo que el Estado propondría para aquellos ciudadanos que vayan perdiendo su derecho a recibir prestación sanitaria por falta de cotizaciones.
Este ofrecimiento se ha hecho realidad un año después de la retirada de la tarjeta sanitaria a inmigrantes sin papeles, con la novedad de que el “seguro” médico estatal es más caro que los seguros médicos que ofrecen las empresas privadas. Según el Real Decreto publicado el pasado sábado en el Boletín Oficial del Estado, el coste de este servicio sería de 60 euros al mes para las personas entre los 18 a 64 años esto es 720 euros anuales; y 157 euros mensuales a aquellos que superen los 64 años, lo que asciende a una póliza de 1.884 euros anuales. Este alto coste en el “seguro” médico estatal beneficiaría directamente a los seguros privados de salud, que ofrecen pólizas con mensualidades de 30 euros al mes, es decir 360 euros anuales.
Asimismo, la cartera de Sanidad ha preferido denominar a este “seguro” como “convenio”, en el que especifica condiciones de carácter asistencial básico (emergencias y consultas a especialistas), aunque estas prestaciones podrán verse incrementadas dependiendo a la Comunidad Autónoma, esto con recargos al consumidor. Las personas que contraten este “seguro” deben considerar que excluye la subvención por medicamentos, el transporte sanitario no urgente o las prótesis. Esta medida incentiva a los colectivos inmigrantes a contratar un seguro médico privado que incluye entre otras cosas todo tipo de análisis clínicos, ambulancia, prótesis, hospitalización y asistencia en el extranjero.
ADICAE ha comparado diversas pólizas de seguros de salud de empresas como DKV, Mapfre, Sanitas, Adeslas y Asisa. Se puede encontrar que DKV tiene una póliza que varía de los 55 a los 78 euros al mes por atención básica, mientras que en Mapfre el costo mensual es de 32 euros, Sanitas cobra algo similar, con una póliza Health Basic de 35 euros al mes; Adeslas y Asisa rondan una media de 35 a 45 euros mensuales; esto quiere decir que el “seguro” médico del Estado es el más caro y el que menos prestaciones ofrece, este tipo de medidas fomenta el consumo privado frente al uso de servicios públicos básicos como es la salud.
Aún más, estas políticas crean desigualdades y exclusión entre los sectores más desfavorecidos, debido a que la póliza en la mayoría de los casos será inasequible para este colectivo de consumidores, quienes están siendo “empujados” por el propio Estado a que sean clientes de la sanidad privada, desmantelando así el Estado de Bienestar y, sobre todo, haciendo palanca para la puesta en marcha de un modelo sanitario en el que las aseguradoras sanitarias, muy vinculadas con la banca y las entidades financieras, entren en ese mercado trasladando todos sus abusos y malas prácticas.
