La conferencia de prensa del ministro Luis de Guindos de este viernes, tras aprobar el Real Decreto-ley sobre el sistema extrajudicial de devolución de las cláusulas suelo, confirma todas las debilidades advertidas los días previos por ADICAE al propio Gobierno y a los grupos parlamentarios, que han preferiodo plegarse a los intereses de la banca.
ADICAE, que sigue apostando por la vía extrajudicial para evitar los tribunales a los consumidores, ya está trabajando para que esa devolución extrajudicial sea para todos los consumidores y para recuperar todo el dinero, a pesar de las trabas que pongan las entidades.
Por eso, a falta de analizar cada coma del texto definitivo que se publicará en el BOE, la asociación va a coordinar todas las acciones necesarias de información, prevención y asesoramiento para que todos los afectados no sean engañados en las posibles negociaciones individuales, analizando de manera colectiva la coveniencia de este sistema para cada uno de los colectivos que agrupa: integrantes de la macrodemanda, de las demandas agrupadas, los que aún no han reclamado pero ya se han unido a la asociación, etc.
En cualquier caso las soluciones, incluso judiciales, tienen que ser agrupadas o colectivas, tal y como está previsto en las normativas de resolución extrajudicial y judicial de conflictos con los consumidores. De todo ello ADICAE informará en los próximos días a través de su Plataforma afectadosclausulasuelo.org y sus asambleas informativas.
Ante la confusión y ambigüedad provocada por el decreto perpetrado por el ministro De Guindos y la banca, ADICAE aclara a todos los hipotecados algunas cuestiones básicas del decreto:
1. El engañoso anuncio difundido de que las entidades deberían comunicar a todas las familias con la cláusula suelo su situación es falso. Los bancos no tendrán más obligación que poner en marcha un procedimiento de reclamación y anunciarlo en algún tablón de anuncios y en su página web. Se confunde así a la opinión pública y a los afectados, que no serán informados mediante una carta o correo electrónico directo.
2. El ministro y el Real Decreto-ley emplazan a millones de consumidores a acudir de uno en uno a reclamar a su banco, negando la legitimidad de los colectivos de consumidores en el apoyo a sus miembros y a todos los consumidores que lo deseen. Tras la reclamación del consumidor a la entidad, esta sí tendrá obligación de contestar, pero podrá hacerlo como crea conveniente (incluida la negación de su derecho a la devolución). En este sentido, el Gobierno ha incumplido los criterios más básicos que en materia de resolución extrajudicial de conflictos con los consumidores definen la normativa Europea (Directiva 2013/11/UE) y española (Real Decreto 231/2008 sobre Arbitraje de Consumo, y la propia Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios). De esta forma las referencias del Gobierno y los partidos que han apoyado el Real Decreto-ley a la existencia de garantías para el consumidor quedan en mera retórica: el Real Decreto-ley no plantea medida alguna de garantía efectiva.
ADICAE espera que, en ejercicio de la habilitación normativa que prevé el Real Decreto-ley, el Gobierno mejore cualitativamente la participación de las asociaciones de consumidores y usuarios como la única garantía del éxito de la medida adoptada.
3. El Real Decreto-ley no aborda los mecanismos de reclamación colectiva extrajudicial e incluso judicial previstos en la Ley ni el papel que las asociaciones de consumidores tienen por Ley para representar a los consumidores en general y a sus socios en particular. Algo fundamental que se constituye en la única garantía para evitar nuevos abusos como los que se han producido en todo este tiempo en las “negociaciones” individuales con la entidad –ya denunciadas por ADICAE ante las autoridades, ver http://bit.ly/2cBtbEs– que ahora tendrán que ser revisadas en estos procedimientos o en la vía judicial.
4. El Ministro De Guindos ha abierto la puerta de manera flagrante a una distinción entre cláusulas suelo “buenas” y “malas” bajo el sofisma de lo que es o no legal. Esta posición del Ministerio de Economía, que se refleja en las ambigüedades del Real Decreto-ley, contradice abiertamente cualquier interpretación de las sentencias del Tribunal Supremo y del Tribunal de Justicia de la UE, que han declarado la falta de transparencia de todas las cláusulas suelo en los contratos con los consumidores en España, dando lugar a que algunas entidades obliguen a cientos de miles de sus clientes a dirigirse a los juzgados de nuevo de uno en uno, lo que supondría un grave fracaso del procedimiento extrajudicial ideado por el Gobierno.
