Cataluña se une por tanto a los 8 parlamentos autonómicos (Aragón, Valencia, Murcia, Ceuta, Galicia, Asturias, Cantabria, Castilla y León) y numerosos ayuntamientos de todo el Estado que apoyan una solución política que permitiría resolver un escándalo que ya hace 8 años que espera respuesta.
Los afectados expresan su satisfacción ya que la propuesta ha logrado poner de acuerdo a todo el arco parlamentario catalán: CiU, ERC, PSC, PP, ICV-EUiA, Ciutadans, CUP. Un hecho sin precedentes.
La propuesta insta al Gobierno a la compra por parte del Estado de los derechos de los afectados en el proceso concursal; propuesta razonable, viable, justa, no implicaría aumento del déficit ni la deuda y resarciría a las 470.000 personas afectadas.
De estos afectados, 33.000 están en Cataluña; el proceso mantiene atrapados ahorros por valor de 511 millones de euros en la Comunidad, un volumen que mejoraría exponencialmente la situación económica de estas familias y de sus localidades.
