El Auto del Tribunal Constitucional sólo sirve para desviar la atención de los problemas reales de más de un millón de familias embargadas o en riesgo de embargo. La paradójica actuación del juez de primera instancia nº 2 de Sabadell ha perjudicado la causa del más de un millón de familias que están siendo expulsadas de su vivienda o pueden serlo en los próximos meses o se encuentran al borde de esta situación, dado que sólo ha producido una discusión jurídica estéril que el propio juez debía haber previsto, a sabiendas de que con la legislación actual no se puede dar respuesta a los graves problemas planteados.
Criterios diferentes cuando se trata de la protección de la banca que cuando se aborda la defensa de los consumidores
Por parte del Tribunal Constitucional, tribunal político y politizado, llama la atención su extremada diligencia en resolver este caso en el tiempo record de 10 meses cuando tarda años en resolver cualquier cuestión. Por otra parte parece que se ha elegido una fecha y un contexto de debate que hace que la intervención de carácter político en apoyo de la banca, del Gobierno y los grupos mayoritarios que no quieren cambiar ni una coma de la legislación hipotecaria. Desde ADICAE se denuncia que el TC podría mostrar este mismo celo en la admisión a trámite y resolución del recurso de amparo presentado en enero por el BBVA para paralizar la demanda colectiva de ADICAE frente al abuso sobre 18.000 afectados por swaps, y que paralizó el TC contra el criterio de la Juez de primera instancia y los Fiscales en una actuación que podría incluso constituir prevaricación y que ha dejado indefensas a esas 18.000 familias.
Desahucios y dación en pago: ninguna conexión con el Auto del TC
La relación que se ha buscado de este auto con la paralización de desahucios es absolutamente incongruente incluso con la propia cuestión de inconstitucionalidad que trataba de presentar el juez, cuestión que era meramente procesal. Esa actuación de paralización de desahucios que lleva a cabo el movimiento 15M constituye una gran labor humanitaria, solidaria, con gran eco de respuesta ciudadana y que ADICAE apoya, o la ILP de ADICAE que está paralizada inexplicablemente en el Congreso a pesar de que es la vía que propone el propio Tribunal Constitucional, son iniciativas con entidad propia que nada tienen que ver con lo expresado por el TC.
Sólo este juez de Sabadell, en su lamentable “ingenuidad”, y algún “grupito” de “niños bien” de la autodenominada Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Barcelona, que han defendido la paralización de desahucios como la solución definitiva, engañando al movimiento 15M y a la opinión pública y sobre todo a los afectados por este drama han relacionado la ejecución hipotecaria y la dación en pago con el objeto de este Auto del Constitucional.
“Stop embargos hipotecarios”, único camino eficaz para afrontar la situación actual
Los cientos de miles de afectados y los millones de hipotecados en España, junto con todo tipo de instituciones, juristas, etc… reclaman los cambios legislativos urgentemente necesarios para afrontar el problema. Tanto la Iniciativa Legislativa Popular presentada por ADICAE como las propuestas presentadas a través de su Presidente, Manuel Pardos, ante la Subcomisión para la reforma de la legislación hipotecaria del Congreso y ante el Parlament de Catalunya, dan punto por punto respuesta a todas y cada una de las cuestiones planteadas por el juez como necesarias para convertir al régimen hipotecario en un régimen de derechos más justo, a pesar de que lamentablemente las circunstancias políticas y electorales puedan convertir toda iniciativa en papel mojado.
Moratoria de 3 años a todos los embargos hipotecarios sobre vivienda habitual. Por ello ADICAE está presentando a todas las instituciones la única solución eficaz y posible en estos momentos, que es una moratoria de tres años a todos los embargos hipotecarios sobre la vivienda habitual. En el marco del movimiento 15M y a propuesta de ADICAE se está difundiendo esta iniciativa como “Stop Embargos Hipotecarios”, medida urgente e inmediata que permita dar un respiro a la situación en que se encuentran millones de hipotecados y crear las condiciones necesarias para un debate profundo y serio sobre las modificaciones necesarias de la normativa hipotecaria en España.
