Tras nada menos que once años desde la intervención judicial de la empresa que perpetró uno de los mayores casos de fraude a los consumidores en la historia de España, y tras otros dos desde que se cerrara la instrucción del caso, da comienzo el juicio oral contra la ex-cúpula de Fórum Filatélico.
El próximo 18 de septiembre se sentarán en el banquillo de los acusados de la Audiencia Nacional los líderes y colaboradores de esta organización que defraudó una cantidad que sobrepasa los 3.700 millones de euros a más de 260.000 ahorradores. El juicio se prolongará hasta el próximo 15 de diciembre.
ADICAE solicita para la treintena de acusados penas que suman en su conjunto los 195 años y multas millonarias por estafa, insolvencia punible, falseamiento de cuentas, blanqueo de capitales y otros delitos. Un empresa cuyo único objetivo consistía en captar fondos mediante contratos de inversión que ofrecían rentabilidades abonadas con las aportaciones de otros clientes dentro de un esquema piramidal, gracias a la absoluta falta de regulación y control por parte de las diferentes administraciones públicas.
Sin embargo, la vía penal no logrará restablecer el total de los daños provocados a cientos de miles de familias que durante estos once años han sido víctimas tanto de la inadmisible lentitud de la vía judicial como de los administradores concursales, que no han logrado más que mínimas devoluciones. La Asociación, como principal organización que ha defendido a los afectados a lo largo de estos once años desde el estallido del fraude, destaca que tras más de una década, las familias afectadas sólo han recuperado, un 20,5% de sus ahorros en el caso Fórum, en Afinsa esa cifra es de sólo un 15% y en Arte y Naturaleza no han recibido pago alguno.
ADICAE siempre ha reivindicado, y seguirá exigiendo, la devolución total de todos los ahorros secuestrados. Gracias a la lucha y presión ejercida por la asociación y la incansable acción de sus socios, se alcanzó un acuerdo por parte de todos los parlamentos autonómicos y el Congreso de los Diputados por unanimidad, a la propuesta de solución planteada por ADICAE que, sin embargo, todavía no ha sido puesta en marcha por el Gobierno.
El abandono del Estado a las víctimas de este fraude sumado al hecho de que hayan transcurrido más de once años desde el inicio del proceso sin que se haya dado una solución real a los afectados, supone un descrédito absoluto al funcionamiento de la Justicia y las instituciones ante una estafa masiva, además de un motivo más que justifica la necesidad de la solución política propuesta por ADICAE
