El número de oficinas bancarias operativas en España al cierre de 2012 se situó en 38.227 sucursales, la segunda cifra más alta de toda la eurozona, aunque un 4,9% menos que en 2011, según datos del Banco Central Europeo (BCE) consultados por Europa Press. Esta cifra supone la desaparición de 1.963 oficinas en un año. Así las cosas, desde que en 2008 comenzara la crisis financiera en la UE, el número de sucursales bancarias en España ha disminuido en 7.925 sucursales, un 17,2% menos, lo que supone que más de la mitad de las oficinas cerradas en toda la UE en los últimos cinco años eran españolas.
Entre los países de la eurozona sólo Austria, Eslovenia y Eslovaquia registraron ligeros aumentos en el número de oficinas bancarias, y entre el resto de países de los Veintisiete también se apreciaron aumentos en Bulgaria, República Checa, Lituania y Suecia. El resto de los países del continente han vivido un proceso similar de cierre de sucursales bancarias, especialmente intenso en España, y también en Grecia e Irlanda. La excesiva financiarización de estos países está siendo letal para el sostenimiento de sus sistemas financieros, y ello se traduce en más locales cerrados.
En el caso español, la intensa reestructuración que está sufriendo el sector bancario está detrás de este fenómeno. Del centenar largo de entidades que había en España antes de la crisis hemos pasado a poco más de una docena de grandes conglomerados bancarios, lo que implica lógica reducción en el número de oficinas. Sin embargo, el riesgo real es que esta reducción de firmas está implicando también una reducción en la variedad de oferta financiera y el surgimiento de zonas de exclusión bancaria que afectan a los consumidores y sus derechos.
Así, zonas residenciales de nueva creación o apartadas de los centros de las ciudades, barrios en recesión en los que las tasas de paro se disparan, o zonas rurales en proceso de despoblación, son los lugares en los que más se están notando los síntomas de una exclusión financiera que amenaza con convertir estos lugares en monopolios bancarios con todo el abuso que ello conlleva. Todo el sistema financiero español convertido en bancos sin ningún tipo de compromiso social, y el proceso de fusiones que minimiza la oferta, configuran un escenario preocupante para los usuarios.
Asimismo, los datos del BCE revelan que la reducción en el número de oficinas en España por parte de entidades domésticas se tradujo en la pérdida de 11.664 empleos durante 2012, hasta un total de 234.292 empleados, lo que implica la pérdida de 42.205 empleos entre las entidades de crédito domésticas desde 2008. ADICAE viene denunciando este riesgo de pérdida de servicios y competencia bancaria que intensificará la sensación de oligopolio sin control que ya se desprende de la actividad financiera en España.
