La mejora de la situación económica española depende en una parte esencial en el aumento del consumo. En nuestro país, el consumo representa alrededor del 70% de lo que produce en un año nuestra economía (PIB). Es por ello que los gobiernos, incluido el actual, se afanan por impulsar el consumo, pero sin atender a otras consideraciones. Y por ello, las políticas de consumo deben ocupar su puesto esencial en una economía sana y justa, que tenga en cuenta la defensa de los derecho de los consumidores y la representatividad de sus intereses, en un momento en el que viven una situación de absoluta desprotección.
Millones de consumidores bajo amenaza
La capacidad de ahorro de las familias españolas es la más baja de las economías europeas, casi dos tercios de los hogares en España no pueden destinar recursos al ahorro, y cerca del 40% no llega a fin de mes. En cuanto al endeudamiento, España es uno de los cuatro países de nuestro entorno europeo en donde se combinan un bajo nivel de ingresos familiares con una elevada deuda (fruto del endeudamiento hipotecario en su mayor parte). Todo un círculo vicioso que amenaza a millones de consumidores. Pese a esta situación, siguen exigiendo que se continúe consumiendo para tirar de la economía. Este afán por el consumo de políticos y empresarios no puede venir acompañado de los fraudes y errores anteriores, incluido el consumismo desaforado.
Propuestas que pongan en el centro a los consumidores
Si no hay propuestas económicas que pongan en el centro a los consumidores y ataquen las raíces del pernicioso modelo anterior, ya sabemos lo que nos espera. La crisis económica dejó al descubierto el consumismo manipulador ejercido por las grandes empresas que creaba una falsa impresión ilusión de “vivir bien”, pero que en realidad fomentaba un endeudamiento irresponsable por las entidades de crédito.
La creciente concentración bancaria en nuestra economía y sus prácticas fraudulentas, que no sólo no se han resuelto (“cláusulas suelo”, “preferentes”, etc…), sino que continúan; así como la manipulación y abusos infinitos a los consumidores por los oligopolios en los servicios de interés general, tienen que terminarse si se quiere enderezar el maltrecho rumbo de nuestra economía y sistema financiero. La reforma en profundidad de los organismos reguladores (Banco de España, CNMV) corresponsables de la crisis actual por sus posicionamientos anticonsumeristas, debe llevarse a cabo sin dilación y sin refugiarse como coartada en las políticas de la Unión Europea.
También los cambios en la economía pasan necesariamente por una reforma de los procedimientos judiciales, para que sean capaces de frenar los comportamientos abusivos y no condenen a los consumidores a litigar uno por uno con las grandes empresas, ya que ello supone una ventaja para ellas. Sin una acción colectiva eficaz, los consumidores seguirán a merced de la banca y las grandes corporaciones y, sobre todo, sin un cambio de modelo económico.
El gran reto pendiente
Los consumidores exigen un cambio radical en las relaciones con bancos y grandes empresas. Este es el verdadero reto pendiente para un cambio de verdad. Por eso, la actual crisis todavía latente solo podrá resolverse con reformas en profundidad de las “reglas del juego” actuales. Solo así habrá una verdadera salida de la crisis.
