ADICAE continúa desde hace más de 10 años peleando judicialmente por los afectados del caso Gescartera. Ahora, en plena fase de ejecución de la sentencia dictada por el Tribunal Supremo, el cobro de un porcentaje para aquellos afectados que tienen cantidades pendientes está muy cerca.
El caso Gescartera había sido resuelto por el Tribunal Supremo con una sentencia controvertida e incomprensible en la que excluía de responsabilidad a las entidades financieras cómplices de este escándalo financiero, dejando como única implicada a CajaMadrid Bolsa, pero sólo por una parte de la cantidad defraudada.
El proceso judicial se encuentra en fase de ejecución de dicha sentencia y quedaba pendiente que unos expertos aclararan de qué cantidad debía responder CajaMadrid Bolsa frente a los afectados, en función de las cantidades que pasaron por manos de dicha entidad.
A falta de confirmación definitiva por la Audiencia Nacional, los expertos han cifrado en 12,2 millones de euros dicha responsabilidad, la cual deberá ser abonada por partes iguales a los afectados.
Una vez que esta resolución sea firme, se realizarán los cálculos necesarios -todavía hay afectados que están pendientes de que su cantidad sea corregida- y se procederá al pago de la forma que indique el Juzgado.
Una estafa de considerables dimensiones
El Caso Gescartera fue un escándalo financiero que estalló hace ya una década, en el que desaparecieron alrededor de 20.000 millones de pesetas (más de 120 millones de euros). Más de 2.000 afectados denunciaron esta situación a través de ADICAE, que inmediatamente comenzó su lucha judicial.
Gescartera era una Sociedad Gestora de Carteras creada en 1992. En 1999, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) la sancionó con una multa de carácter grave por resistirse a ser inspeccionada. La sanción no se hizo pública. El 13 de julio de 2000 la CNMV autorizó su conversión en Agencia de Valores.
El 14 de junio de 2001 la CNMV decidió intervenir Gescartera por la imposibilidad de conocer la situación económico-financiera y el destino de los fondos de sus clientes.
El fiscal consideró que durante los 9 años de la actividad Gescartera se dedicó a realizar actividades para lucrarse defraudando a sus clientes, desviando dichos fondos hacia sociedades de constitución fraudulenta con el objetivo de hacerlos suyos.
El juicio oral comenzó el 17 de septiembre de 2007 con 14 imputados, entre ellos Antonio Camacho Friaza presidente de la compañía, 46 acusaciones y unos 120 testigos.
La Audiencia Nacional publicó la sentencia el 27 de marzo de 2008 y condenó a 11 años de prisión -8 por el delito de apropiación indebida y 3 por falsedad documental- al dueño de la agencia de valores Gescartera, Antonio Camacho Friaza y a 3 años a su presidenta, Pilar Giménez-Reyna, a la sazón hermana del entonces Secretario de Estado de Hacienda Enrique Giménez-Reyna.
