Según los miles de expedientes analizados por los técnicos de ADICAE durante los últimos meses, alrededor del 90% de los afectados por el corralito de las participaciones preferentes son personas sin conocimientos reales de los riesgos que entrañan este tipo de productos. De esta manera, la banca se ha saltado la normativa europea MiFid, el Código Civil español y la Ley del Mercado de Valores, que indican claramente que no se pueden comercializar masivamente este tipo de productos.
Tal y como denuncia el presidente de ADICAE en una entrevista concedida al diario Qué!, la comercialización de estos productos fue “muy agresiva” desde el año 2009. “En alguna entidad se llegó a perseguir a clientes que permanecían en cama porque era necesaria la firma del titular, en muchos casos personas completamente inválidas a las que se les tomaba el dedo para estampar su firma en los contratos. Además, siendo un producto financiero de riesgo, se hacía firmar a personas con estudios primarios un test de idoneidad en el que el contratante declaraba tener un perfil alto, conocimientos de Bolsa o estudios en economía. En esos casos estamos hablando de una acción delictiva por parte de las entidades”, afirma Pardos.
El presidente de nuestra asociación insiste en que “los afectados pueden y deben reclamar y no conformarse de ninguna manera”. ADICAE presentará en septiembre una batería de demandas civiles contra aquellas entidades que han vendido fraudulentamente preferentes, deuda subordinada, cuotas participativas y otros productos tóxicos de ahorro, aunque nuestra asociación sigue exigiendo a los gobernantes que se llegue a una solución institucional que permita a los afectados disponer de su dinero. “Creemos que es tan de justicia, que los tribunales tendrán que acabar dándoles la razón”, estima el presidente de ADICAE.
