“Esta condena está más que justificada, y obliga a los condenados a pagar todo el daño que han hecho”, señala el presidente de ADICAE, Manuel Pardos, ante la sentencia publicada por el Mercantil número 6 de Madrid en la que se dicta concurso culpable de los administradores de Afinsa, obligándoles a pagar por los 1.825 millones de euros de agujero contable generados en la entidad. “Pero no tienen ese dinero, así que los afectados tendrán que seguir en el concurso de acreedores, y cobrar por ese procedimiento”, recuerda Manuel Pardos.

La sentencia confirma la inoperancia de los organismos supervisores que permitieron gestar el agujero y la excesiva tardanza de la justicia 8 años después de la intervención de las empresas. Pero desgraciadamente no traerá consecuencias prácticas para los afectados, ante lo que ADICAE exige el rescate inmediato por parte del Gobierno del alrededor de medio millón de afectados por los fraudes filatélicos en España.

“La sentencia es una buena noticia, hace justicia, pero la mejor justicia para los afectados es la recuperación de todos sus ahorros”, 2.200 millones de euros de cerca de 200.000 familias. “Los ahorros de toda una vida, 30.000, 50.000, 90.000 euros según las posibilidades de cada familia, cantidades que deberían haber estado protegidas”. “Los supervisores decían que no tenían competencias para vigilar esto, eso habría que verlo”, reivindica Manuel Pardos.

“Ocho años para dar solución a uno de los mayores fraudes al ahorro en España son ya demasiados”, confirma Manuel Pardos. “Que no haya una solución a esto es algo que desmoraliza a la población, y desacredita tanto a la Justicia como al Gobierno”, dice el presidente de ADICAE. Por eso, tras esta sentencia, es todavía más urgente la puesta en marcha de una solución política, “prometida por todos los partidos, en el Gobierno y en la oposición”, pero que sigue demorándose.

“Que no haya una solución a esto es algo que desmoraliza a la población, y desacredita tanto a la Justicia como al Gobierno”, dice el presidente de ADICAE. Por eso, tras esta sentencia, es todavía más urgente la puesta en marcha de una solución política

Manuel Pardos recuerda que la valoración de los bienes posible objeto de concurso da apenas para cubrir una cuarta parte de los ahorros atrapados. “Es el drama de los afectados, por eso es fundamental la solución política” impulsada desde ADICAE y la Plataforma Unitaria de Afectados. “En España este tipo de delitos de guante blanco no están suficientemente penados, a pesar del clamor de la población. Sus responsables deberían estar en la cárcel, sin embargo se pasean exhibiendo buena vida”.

La sentencia conocida este lunes es paralela al Proceso Penal que revelará el entramado de funcionamiento de las empresas y sentará el banquillo a todos los responsables. Dicho proceso aún se encuentra pendiente del inicio de fase de juicio en la Audiencia Nacional, en manos del juez Santiago Pedraz. “Esperamos que se pueda abrir lo antes posible, para ver cómo funcionaba la sociedad” y depurar todas las responsabilidades para empujar hacia una solución colectiva para todos los afectados.

Que vuelven a dirigirse al presidente del Gobierno, a quien el 9 de mayo dieron traslado de la propuesta de solución política para las víctimas del fraude. Una solución razonable, viable y justa consistente en que el ICO adquiera los derechos de los afectados en los procedimientos concursales permitiéndoles así la recuperación de sus ahorros (detalle de la propuesta en página 3 del documento http://www.afectadosfilatelia.org/archivos/Periodico-Boletin_F-A-AyN_junio-2014_web.pdf)

En fin, le piden un «rescate» que desbloquee unos ahorros absolutamente indispensables para estas familias. Trece parlamentos autonómicos y centenares de ayuntamientos han aprobado ya mociones de apoyo para la solución política que han impulsado la Plataforma de Afectados y ADICAE y que aparece como una solución perfectamente asumible para la recuperación de todos los ahorros atrapados. El Congreso de los Diputados debería tomar cartas en el asunto e imitar a estos Parlamentos regionales.

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