El presidente de ADICAE, Manuel Pardos, considera que se está provocando «la perversión del sistema arbitral» al «tolerar» que una auditora contratada por Novagalicia Banco, Bankia o Catalunya Caixa sea la que seleccione, en base a «criterios sui generis», a quiénes colocaron «bien» y a quiénes «mal» las antiguas cajas de ahorro las participaciones preferentes y obligaciones subordinadas.
Ante esto, Pardos exige «reparar» esta «enorme injusticia», pues, si bien el arbitraje es «una solución» que defiende «para muchas familias», no puede serlo para «una minoría de afectados» que sitúa entre el 10 y el 14% de los tenedores de estos productos financieros. «La solución debe ser para el 100% a los que se le defraudaron sus ahorros», enfatiza Pardos y, a este respecto, fija en «como máximo» el 3% aquellos consumidores que adquirieron estos productos de forma consciente. Además, censura que el Ejecutivo central, en base al acuerdo alcanzado entre PP y PSOE, «extiende» ahora este «método discriminatorio» a todas las entidades nacionalizadas y con ayudas públicas.
Siguen presentándose demandas civiles
En este escenario, advierte de que «ADICAE va a proseguir la lucha» y hace hincapié en que «solo puede haber justicia colectiva» por lo que continuará presentando demandas civiles colectivas al entender que constituyen la mejor opción para la Justicia —con el ánimo de no contribuir a su colapso— y «para los propios afectados».
En lo que respecta a la quita, Manuel Pardos critica su «imposición» y recuerda a los jueces que el memorandum que la establece «no es ley». En este sentido, la asunción obligatoria de pérdidas por parte de los titulares de preferentes «no es legal», es «vergonzosa» e «injusta en cualquiera de los casos», al tratar a los ahorradores «como si hubieran sido accionistas de las cajas», lo que constituye «un absurdo».
