El último balance elaborado por el Consejo General del Poder Judicial muestra que el número total de ejecuciones hipotecarias iniciadas en 2013 fue de 82.860, un 9,8% menos que el año anterior. Sin embargo las cifras de descenso que trata de transmitir el poder judicial no esconden que el drama hipotecario, lejos de remitir, continúa con una fuerza que no corrigen las normativas de supuesta protección al deudor que aprueba el Gobierno.
El intento por interpretar los datos como un avance constituye un mero espejismo
Por otro lado apenas 26.140 familias han podido acogerse a las medidas de la banca y el Gobierno para proteger a los hipotecados. Las medidas de la banca y el Ministerio de Economía para solucionar el problema hipotecario han beneficiado a un total de 26.140 familias, unos resultados paupérrimos, apenas un 5% de todos los afectados por ejecuciones hipotecarias desde el comienzo de la crisis.
Aparte del CGPJ, los datos publicados por el Banco de España en enero de 2014 no dejan lugar a dudas sobre este importante problema hipotecario que deja a decenas de miles de familias en la calle. Durante 2012 hubo un total de 19.716 entregas de vivienda habitual denominadas como «voluntarias» (sin proceso de ejecución hipotecaria y sin garantías formales), mientras que sólo en el primer semestre de 2013 el dato se eleva a 12.719, lo que incita a pensar en que el dato del año completo rondará las 25.000 viviendas, es decir, un aumento del 26% y ninguna buena noticia (las ejecuciones hipotecarias bajan un 8% mientras las entregas «voluntarias» de vivienda habitual suben un 26%.
Si se considera el total de viviendas habituales entregadas, tanto de manera «voluntaria» como forzosa, la realidad es que frente a las 39.051 viviendas de todo 2012 en el primer semestre la cifra es de 28.170, lo que extrapolando las cifras a todo 2013 da lugar a un incremento de casi el 45%, aumentando en más de 17.000 el número de viviendas embargadas respecto al 2012.
Una insuficiente reforma de la Ley de Consumidores
«La Directiva que la reforma de la Ley ha servido para trasponer es un paso adelante, aunque se trata de un aspecto de futuro más que de presente, al abordar una materia en desarrollo como el comercio electrónico. En este sentido la reforma es positiva, pero requería haber ido más lejos» ha señalado el presidente de ADICAE, Manuel Pardos.
Además en el trámite del Congreso se aceptó la incorporación de algunas enmiendas planteadas por ADICAE que han supuesto un pequeño avance en relación a la acción judicial colectiva de los consumidores, que se viene enfrentando a graves trabas demostrándose la necesidad de un cambio de fondo. Algo que además ya ha requerido la Comisión Europea, que en su Recomendación sobre la acción colectiva y en una carta remitida a ADICAE ha dado a España hasta junio de 2015 para «analizar sus sistemas de recursos colectivos».
En esta tramitación se ha puesto de manifiesto que el conjunto de los grupos parlamentarios de la oposición han asumido las propuestas de ADICAE, que han traducido en múltiples enmiendas. Sin embargo el presidente de ADICAE ha vaticinado que «al no haberse implementado las reformas que los graves problemas que los consumidores están sufriendo requieren el Gobierno tendrá que volver a legislar antes de un año para ello».
Por ello ADICAE continúa insistiendo en las propuestas que ha trasladado al Gobierno y a los grupos parlamentarios, en especial en relación a la necesaria regulación de las cláusulas suelo y al establecimiento de una Ley de Sobreendeudamiento o procedimiento concursal especial para consumidores. A modo de ejemplo una Recomendación del 12 de marzo la Comisión insta a los Estados Miembros a estudiar la aplicación de las recomendaciones a los consumidores, reforzando así la propuesta de ADICAE de medidas frente al sobreendeudamiento familiar que debieran haber sido incluídas en la actual reforma de la Ley de Consumidores y Usuarios.
Por otra parte las múltiples sentencias decretando la nulidad de las cláusulas suelo y el impulso que ha tomado la macrodemanda colectiva de ADICAE ante este abuso ponen de manifiesto la necesidad de una regulación legal de este tipo de condiciones
