Telefónica ha sido sancionada con una multa de 100.000 euros por publicidad engañosa en su campaña de paquetes “Movistar Fusión” debido al alza de precios que realizó en 2015, pese a que éste se ofertaba “con precio final y para siempre”. El Departamento de Turismo, Comercio y Consumo del País Vasco presentó una denuncia contra esta fraudulenta práctica comercial y a partir de dicha solicitud el Instituto Vasco de Consumo acordó abrir expediente para determinar si la firma había vulnerado la normativa que protege a las consumidores y usuarios.

Hoy se ha hecho pública la resolución que considera a Telefónica infractora de la “Ley 6/2003, de 22 de diciembre, de Estatuto de las Personas Consumidoras y Usuarias por incumplir el deber de veracidad informativa o publicitaria en la venta del producto, al atribuirle calidades o características diferentes”. En el caso de los paquetes Fusión, los precios que se publicitaban eran ‘finales y para siempre’. Sin embargo, en la práctica, estas características han resultado falsas, tal y como demuestran las reiteradas subidas de precios.

Otro de los argumentos por los que el Instituto Vasco de Consumo justifica la sanción es la difusión de una publicidad que, de cualquier forma, “induce o puede inducir a error’, ya que generó en las personas consumidoras «la falsa impresión de que esa tarifa no variaría nunca». En esta ocasión, la comunidad autónoma ha ejercido su potestad para sancionar a las empresas que vulneren los derechos del consumidor. ADICAE insta las los institutos de consumo a seguir el ejemplo del organismo vasco que no ha dudado en enfrentarse a un gigante de la telefonía para defender los derechos de los casi 130.000 residentes en Euskadi que contrataron el paquete de Telefónica.

En la última Junta de accionistas de Telefónica, celebrada el pasado nueve de junio, ADICAE denunció los abusos que venía cometiendo la compañía a través de las desmedidas subidas unilaterales de los precios de sus servicios, como la aplicada el pasado abril por dicho paquete Fusión. Desde mayo de 2015, Movistar ha subido cuatro veces el precio de su oferta convergente (telefonía fija, móvil, internet y televisión), como consecuencia de ello, su paquete estrella cuesta hoy 18 euros más al mes que entonces.

Sin embargo, y pese a que el escarmiento a la compañía por el abuso cometido es una buena noticia, ADICAE entiende que la dimensión de la sanción es irrisoria para una empresa como Telefónica. La suma de la multa impuesta a la firma por parte del organismo apenas alcanza los beneficios que obtiene la empresa aplicando dicha tarifa durante escasos días. Por lo tanto, en términos económicos a corto plazo, la mala praxis en contraposición a la multa impuesta sigue resultando rentable para la compañía.

Los abusos sistemáticos de las grandes corporaciones deben reclamarse por parte de todos los actores sociales, además de hacer uso de todos los recursos de los que disponemos para frenar esta situación. La denuncia colectiva y la presión continúa logran cambios relevantes y fortalecen la posición del consumidor frente a las prácticas de ciertas compañías. Multitud de empresas consideran que no deben rendir cuentas y que pueden permitirse actuar de forma intimidatoria y agresiva ante los consumidores, como es el caso de Telefónica. Por esta razón, ADICAE insta a cualquier afectado a reclamar a través de la asociación y utilizando el mecanismo de arbitraje de consumo, cualquier abuso que que atente contra los derechos de los consumidores.

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