El drama hipotecario continúa sin tener fin. Así lo demuestran las escandalosas cifras de embargos y desahucios durante el primer trimestre del año publicadas recientemente por el Consejo General del Poder Judicial. A los 46.559 lanzamientos –desahucios- realizados durante este periodo de tiempo hay que sumar los 24.792 procesos de ejecución hipotecaria iniciados –que acaban en el desagradable desahucio-.
Desde que el Consejo General del Poder Judicial comenzó a contabilizar los procesos de ejecución hipotecaria, en 2007, ya se han iniciado 374.230 expedientes, de los cuales 185.140 han acabado en lanzamiento ordenado por los tribunales superiores de Justicia. Sin embargo hasta ahora no se contabilizaban los lanzamientos acordados por los Juzgados de Primera Instancia, que sólo en el primer trimestre del año alcanzaron los 28.135.
Por ello la Plataforma Hipotecaria de ADICAE reitera la exigencia de que se apruebe una moratoria hipotecaria a los embargos que permita que cientos de miles de familias (las que hoy están afrontando ya ejecuciones hipotecarias y las que verán iniciados estos procesos contra ellas en los próximos meses) se enfrenten a la pérdida de la vivienda y la consecuente situación de riesgo de exclusión social y financiera.
El Gobierno tiene la palabra
Tanto el ministro de Economía, Luis de Guindos, como la Oficina Económica del presidente del Gobierno tienen en su mesa en estos momentos la propuesta de moratoria de ADICAE, que ya recibió el apoyo del Consejo de Consumidores y Usuarios, UGT y múltiples organizaciones sociales.
Aún en el supuesto de que se logre avanzar en la dirección de unas medidas de reforma legislativa que impidan la quiebra familiar definitiva y la condena a una deuda de por vida tras el desahucio, cualquier reforma de este tipo llegará tarde no sólo para las 185.140 familias desahuciadas desde finales de 2007, sino para las decenas de miles de familias que se encuentran inmersas en procesos de ejecución hipotecaria que aún no han concluido en el desahucio y para las más de 270.000 que tienen cuotas impagadas y aún no han sido demandadas por el banco o cajas de ahorros.
ADICAE, a través de su Plataforma Hipotecaria de Afectados, que agrupa a más de 50.000 hipotecados, proseguirá reclamando las entrevistas con Ministerios y grupos parlamentarios solicitadas ya esperando no tener que volver a llevar a la calle estos graves problemas, pero si es preciso nuestra asociación reactivará las movilizaciones sociales para intentar poner fin a esta auténtica epidemia hipotecaria.
Así pierden su vivienda cientos de miles de personas
El proceso de ejecución hipotecaria, como se denomina en términos jurídicos al embargo, consta de las siguientes fases:
1. Impagos: Cuando un hipotecado deja de pagar su hipoteca, la entidad suele ponerse en contacto con él mediante envío de cartas, e-mails, SMS o llamadas telefónicas reclamando el pago, y con cada vez peores artes. Estas acciones suelen hacerse a las dos semanas de producirse el primer impago y, aunque habitualmente el proceso de ‘reclamación’ de las cuotas suele durar entre 3 y 4 meses, muchas entidades lo están acelerando. Si el cliente no responde, la entidad bancaria traslada el caso a su asesoría jurídica para iniciar la vía judicial. El hipotecado, entonces, ya ha entrado en mora y es incluido en un registro de morosos.
2. Negociación: El cliente debe negociar una solución: una ampliación del plazo de la hipoteca para reducir las cuotas y ajustarlas a su nueva situación económica, tratar de vender la vivienda –solución muy complicada, por la crisis-, o plantear una dación en pago. ADICAE está asesorando a cientos de consumidores en toda España en riesgo de perder su vivienda de manera inminente, llegando en muchos casos a soluciones ‘satisfactorias’ para el hipotecado. El objetivo es claro: Evitar que el banco nos demande.
3. Ejecución del embargo: Si la negociación fracasa, da comienzo este crucial paso con una denuncia judicial por parte de la entidad bancaria. Un proceso que puede durar entre 6 y 18 meses. Cuando el juez declara embargada la vivienda, la entidad la suele subastar y el hipotecado –el embargado- es informado de la situación mediante una notificación judicial. Entonces la sentencia ya es firme y la vivienda, a efectos legales, ya no pertenece al ‘desahuciado’. Se trata de una ejecucion hipotecaria fulminante y casi irreversible, porque aunque el hipotecado pueda oponerse pagando, desde que la entidad le demanda ya debe los honorarios de abogado y procurador, que ascienden a varios miles de euros.
4. Desahucio. El acto físico del desahucio es el último paso de todo esta serie de procedimientos. La orden judicial de desahucio -en el ámbito hipotecario se le denomina ‘lanzamiento’- surge tras una sentencia firme. Por ello no hay solución posible: impedir un desahucio es imposible, sólo se puede retrasar, paralizar temporalmente. Cuando la comisión judicial acude a la vivienda con el auto de lanzamiento judicial, si se ve en la imposibilidad de ejecutar el desahucio lo suspende temporalmente. Es decir, vuelven al juzgado para que se fije nueva fecha.
Sin casa y con una deuda de por vida
ADICAE propone atacar a la raíz del problema y paralizar el proceso judicial de embargo Por otra parte cuando se llega al punto del desahucio ya ha habido una sentencia mediante la que se condena al usuario al pago de una deuda -la que le queda después de que el banco se quede la vivienda por el 60% del valor de la nueva tasación que realice la entidad-, que equivale a la diferencia entre la deuda pendiente del préstamo y el valor al que el banco se adjudica la casa.
De esta forma, aún paralizando temporalmente el desahucio el usuario se queda en una precaria situación: una deuda de decenas de miles de euros a la que se suman las costas del procedimiento de ejecución hipotecaria (incluso hasta 20.000 euros, por los costes de abogados, procuradores,…), los intereses, etc.
Ante este panorama la paralización de desahucios tiene como virtud básica la de poner sobre la mesa y ante la opinión pública el abuso del que son víctimas los hipotecados, pero no constituye ninguna solución real. A lo que podemos añadir el hecho de que de los 517 desahucios que aproximadamente se producen al día en toda España sólo unos cuantos, en el mejor de los casos, pueden llegar a paralizarse temporalmente.
STOP embargos, una medida urgente e imprescindible
Por ello ADICAE propone atacar a la raíz del problema: evitar el inicio de todo el infernal procedimiento descrito. ADICAE exige la paralización de los embargos, Stop embargos hipotecarios, mediante una moratoria que ya aplican países europeos como Hungría que, entre otras medidas de protección para los hipotecados, aprobó en su momento que sólo los inmuebles con valor superior a 30.000.000 florines (unos 113.000 euros) podrán ser subastados por los bancos. Hungría es uno de los países más pobres de la Unión Europea según la oficina de estadística comunitaria, Eurostat, con un PIB per cápita del 64%, por el 101% de España. La única solución eficaz es la exigencia inmediata de paralizar todos los procesos de embargo. En definitiva, ‘Stop Embargos.
