La CNMV calcula en alrededor de 55.000 millones de euros el patrimonio total en fondos de inversión denominados «verdes», o que cumplen alguno de los criterios ESG de sostenibilidad. Se trata, según los datos del regulador, de un 17,5% del patrimonio total de los fondos de inversión en España, en un porcentaje creciente, que muestra una demanda cada vez mayor de este tipo de herramientas de inversión y que, sin embargo, precisa de una definición y una regulación más precisas para un mayor desarrollo. La Jornada de Economía Circular y Consumidores que ADICAE celebra el 30 de noviembre en el Círculo de Bellas Artes de Madrid ha arrojado algo de luz sobre un sector todavía en construcción.

Así lo deja entrever Víctor Rodríguez Quejido, Director General de Política Estratégica y Asuntos Internacionales de la CNMV, y lo confirma la portavoz de la patronal Inverco, Elisa Ricón, que recoge el malestar de muchas de las gestoras ante la todavía imprecisión normativa sobre la definición, distribución y medición de estas herramientas de inversión. «Las entidades españolas están siendo muy prudentes al categorizar sus productos, avanzan despacio, ante una regulación exigente y difícil», expresa Ricón. Ahí podría explicarse la todavía desventaja cuantitativa que el mercado español mantiene aún ante el resto de Europa. Otro motivo: «todavía hay explicaciones que son demasiado complejas. Es difícil todavía medir y hacer seguimiento de la sostenibilidad en inversiones».

Así las cosas, a pesar de que la demanda de herramientas de inversión sostenible es creciente, el inversor todavía mide sus decisiones en función de parámetros tradicionales. De hecho, según los datos que avanzan tanto CNMV como Inverco, apenas un 14% de los inversores se atreverían con este tipo de fondos «verdes» aunque fueran menos rentables que el resto de carpetas de inversión. En realidad, apenas un 12% de los inversores españoles tienen en cartera este tipo de productos. Eso sí, en condiciones de igualdad de rentabilidad, dos de cada tres inversores incluirían en su cesta inversiones con parámetros de sostenibilidad. Según dice Elisa Ricón, en perfiles más jóvenes este porcentaje tenderá a crecer.

España, país de minoristas

Con todo, es factible que el futuro de la inversión sostenible en España tenga mucho que ver con un fenómeno propio del mercado de fondos en España, muy diferenciado del resto de Europa, y que tiene sus características. Según Inverco, en España hay alrededor de diez millones de partícipes en fondos de inversión, la mayor parte de ellos minoristas. Se trata de un perfil de pequeño ahorro tradicional que motiva una forma de gestión y comercialización de este tipo de activos diferente al resto de Europa. El marco europeo Mifid 2 establecerá un protocolo de comercialización de fondos verdes que incluirá preguntar expresamente si el inversor quiere que sus activos sean sostenibles. Habrá que ver cómo se aplica esto a un tipo de inversor atomizado y de bajo perfil de riesgo como el español.

Rodríguez Quejido, de la CNMV, afirma que la maquinaria legislativa europea ya se ha puesto en marcha. Pero admite la dificultad de una completa adaptación. El marco aún no está completo, van entrando en vigor normativas en diversas fechas, y todo ello implica nuevos conceptos, «una madeja» no exenta de dificultades. Al final, se trata de disponer de un marco de divulgación, un entorno de transparencia y criterios bien medibles y fácilmente comprobables para que las empresas aporten información «con la que los inversores tomen decisiones fundadas». No se parte de base idónea. Diversos estudios señalan que más de la mitad de los fondos que se autodenominan como verdes, realmente, no lo son. El «greenwashing», ese elefante en la habitación de la inversión sostenible. Tocará ver cómo evoluciona el mercado en España.

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