La Comisión Europea llega tarde y mal al problema hipotecario latente en gran parte de Europa. Un documento publicado por el ejecutivo comunitario aboga por la implantación de “un paquete de medidas para garantizar el préstamo responsable en la Unión Europea” que, en principio, “minimizaría los perjuicios a los consumidores, especialmente a los que tengan bajo nivel de cultura económica o bajos ingresos”. Sin embargo, en dicho documento no se especifican las medidas que se llevarían a cabo, quedándose en una simple declaración de intenciones a todas luces insuficiente e ineficaz y que, como siempre, recibirá las presiones del ‘lobby’ bancario.
La Comisión denuncia que las concesiones de préstamos hipotecarios, incluso a ciudadanos que no tenían la suficiente solvencia económica para hacer frente a los pagos, provocaron el calentamiento del sector. Y exige que se mejore la transparencia y que la publicidad sea más concisa, de modo que el consumidor tenga suficiente información para elegir el producto que mejor se adapte a sus condiciones. Pero se queda en eso: en exigir con la palabra sin tomar ninguna medida concreta, real y efectiva.
Es, en definitiva, más de lo mismo: ‘información, información e información’, cuando el problema real es la falta de alternativas para el acceso a una vivienda. Es preciso aumentar las sanciones a las entidades bancarias que han atropellado los derechos de los consumidores a través del mercado inmobiliario y abrir canales alternativos para la concesión de crédito.
Urge un cambio normativo
Con el Euribor rozando el 2% de interés –lo que encarecerá las hipotecas en más de 600 euros anuales, aunque millones de consumidores siguen pagando más a causa de las abusivas cláusulas suelo- y los abusos hipotecarios cometidos por la Banca –cláusulas suelo, swaps y otros-, los consumidores necesitan un cambio normativo claro y contundente.
La Comisión indica, asimismo, que las entidades bancarias deberían entregar un formulario personalizado con las condiciones de la hipoteca al consumidor, para que este las compare con las de la competencia. Además, pide que se evalúe la capacidad de pago de cada cliente, pudiendo reducir el crédito a los sectores con bajos ingresos.
A comienzos de la pasada década la Comisión Europea ya realizó una recomendación sobre la información que deberían recibir los consumidores a la hora de acceder al mercado hipotecario. Recomendación que, por cierto, es mucho menos contundente que la emitida en España en 1994 y que, con el paso del tiempo, se ha demostrado que totalmente ineficaz.
Este debate, que parecía agotado y que no levantaba interés en Europa, quizá reaparezca ahora por los problemas de las entidades bancarias europeas. Da la impresión de que la Comisión Europea no quiere defender con mayor ahínco a los consumidores y usuarios de servicios financieros sino, más bien, ayudar a que las entidades bancarias amplíen su cuota de mercado y no vean sus balances comprometidos con las ejecuciones hipotecarias.
ADICAE lleva advirtiendo sobre este problema desde mucho antes de que estallase la burbuja inmobiliaria y seguirá apoyando la creación de un mercado único hipotecario, pero con medidas concretas que promuevan, entre otros, los siguientes aspectos: una mayor defensa para los consumidores en los procesos de ejecuciones hipotecarias, con la implantación de la dación en pago como una vía legal en toda Europa; la adopción de medidas que permitan la eliminación eficaz de todas las cláusulas abusivas de los contratos hipotecarios; la promulgación de la largamente demandada por ADICAE Ley de Sobreendeudamiento Familiar; la regulación de las empresas tasadoras de inmuebles y una valoración objetiva de la tasación de cada vivienda.
Y, además, se deben exigir responsabilidades y tomar medidas contra los dirigentes de aquellas entidades bancarias que hayan atentado contra los derechos de los consumidores en materia hipotecaria.
