Pocos días después de que la Comisión de Investigación de Cajas del Parlament de Catalunya concluyera que la comercialización de las participaciones preferentes «podría cumplir los requisitos de lo que se puede considerar una estafa», aún se cifran en miles las personas afectadas que no han recuperado sus ahorros. La necesidad de poner remedio definitivo a esta situación es una de las reivindicaciones que la Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros (ADICAE) llevará a la Junta de Accionistas de Catalunya Banc este sábado.
La Asociación participará en representación de los pequeños accionistas forzosos que ha querido delegar su voto y que, junto con una larga lista de personas afectadas, aún arrastra las consecuencias de la mala gestión de los directivos de la entidad. La comercialización de productos tóxicos (con posteriores finiquitos injustas y arbitrajes sesgados) y la inclusión de cláusulas abusivas fueron los recursos que utilizaron para intentar tapar, a costa de la clientela, los resultados de una desastrosa gestión antes y durante la crisis.
Además, la Asociación también quiere poner de manifiesto que, aunque la entidad presente beneficios, estos son gracias a los 12.050 millones recibidos en ayudas públicas y los abusos a la clientela. De hecho, han aumentado respecto al 2012 las quejas y reclamaciones (un 42%) y la desconfianza hacia la entidad y ello debería poner en alerta a la gestión de cara al futuro. El poco interés de las entidades españolas de cara a la subasta de julio para comprar la entidad también refuerza esta idea.
