Una de cada tres moratorias se realiza con las condiciones que propone la banca, al no poder cumplir con los requisitos para acceder a los aplazamientos gubernamentales, lo que supone unas condiciones completamente distintas

El pasado 7 de abril, ADICAE emitía una nota de prensa para alertar de la ‘trampa’ que podía suponer para miles de ciudadanos la llamada moratoria sectorial lanzada desde la banca, como alternativa para todas aquellas personas que no cumplían con alguno de los requisitos para poder solicitar la moratoria legal lanzada por el Estado entre las medidas económicas para paliar la crisis provocada por la propagación de coronavirus Covid-19. Dos meses después, datos facilitados por el Banco de España vienen a esclarecer que son miles las familias las que se están viendo derivadas a la moratoria sectorial, por no poder acceder a las ayudas legales gubernamentales o por querer prolongar éstas. ADICAE insiste en que los aplazamientos sustentados sobre las moratorias sectoriales podrían suponer un coste final añadido de hasta 3.000 euros, pues al contrario que sucede con la moratoria legal, en la sectorial sólo se difiere el pago del capital, por lo que no se cubren los intereses y conlleva gastos notariales. Además, la información ofrecida al respecto es en ocasiones muy difusa y poco transparente.

moratoria hipotecariaLos datos facilitados por el Banco de España esclarecen que hasta 345.506 personas (74,7% asalariados y 25,3% autónomos) habían solicitado, hasta finales de mayo, la moratoria sectorial ofrecida por la banca como alternativa para aquellas personas que no cumplan con los requisitos para acceder a las moratorias legislativas contempladas en los Reales Decreto 8 y 11/2020 o para aquellas que querían prolongar los tres meses que contemplaban la ayuda gubernamental.  De estas solicitudes se ha dado curso a 260.472, con un saldo pendiente de amortización de los préstamos suspendidos situado en 11.748 millones de euros. 

Estos datos suponen que hay más personas que han solicitado y firmado una moratoria sectorial que, por ejemplo, aquellas que solicitaron y consiguieron la moratoria legislativa con garantía hipotecaria, que en el mismo período de tiempo registraba 258.611 solicitudes, cursándose 208.698, con un saldo vivo pendiente de amortización de los préstamos suspendidos de 18.833 millones de euros.

Por último, para préstamos no hipotecarios hubo 383.320 solicitudes de moratoria legislativa, habiéndose dado curso a 318.751, con un saldo pendiente de amortización de los préstamos suspendidos de 2.345 millones de euros.

Uno de cada tres no accede a la moratoria legislativa

ADICAE analiza que uno de cada tres solicitantes de una moratoria en su préstamo por el impacto del Covid-19 se ha visto derivado a la propuesta de la banca, cuyas condiciones poco tienen que ver con la moratoria legislativa. En concreto, el 35% de las solicitudes y el 33% de las moratorias cursadas fueron a través de esta vía alternativa.

Desde esta asociación se recuerda que la moratoria sectorial consiste básicamente en el aplazamiento de la parte de la cuota relativa al capital del préstamo durante el plazo de la moratoria, 6 o 12 meses en préstamos hipotecarios y 6 meses en préstamos no hipotecarios. De esta manera durante la moratoria sólo se abonarán los intereses, pero al finalizar ésta se deberá aumentar las cuotas mensuales o alargar los plazos, lo que supone la novación de la hipoteca y, por tanto, gastos notariales

Hasta 3.000 euros de más por la moratoria sectorial

ADICAE ya denunciaba que en una hipoteca a la que resten 100.000 euros por amortizar, la carencia de 12 meses supondrá un incremento del coste de la financiación de entre 2.000 y 3.000 euros, en función del tipo de referencia de la hipoteca. Mayor aún es el sobrecoste para el consumidor si el aplazamiento se instrumenta mediante préstamos personales, cuyo tipo de interés medio en España ronda el 8,6% mientras en la zona Euro se sitúan notablemente más bajos, en el 6,3%.

Requisitos para solicitar las moratorias legislativas

Los Reales Decretos Leyes 8 y 11/2020 establecían una moratoria de tres meses en el pago de préstamos hipotecarios para las personas en situación de vulnerabilidad económica por el COVID-19 siempre que se cumplan los siguientes requisitos:

  • Que el deudor hipotecario pase a estar desempleado o sufra una pérdida sustancial de sus ingresos o de sus ventas.
  • Que el conjunto de los ingresos de la unidad familiar no supere unos determinados límites.
  • Que la cuota hipotecaria más gastos y suministros básicos sea igual o superior al 35% de los ingresos netos de la unidad familiar.
  • Que por la emergencia sanitaria la unidad familiar haya sufrido una alteración significativa de sus circunstancias económicas.

Falta de transparencia de los bancos

Ante estos requisitos y con los datos en la mano, son muchas las familias que se ven abocadas a solicitar su aplazamiento a la banca acogiéndose a la moratoria sectorial, sin ser muchas veces conscientes de las diferencias existentes entre las dos vías. Para esta asociación, la banca, lejos de instrumentar fórmulas razonables y eficaces para los consumidores, encubre costes muy elevados para los hipotecados y deudores que accedan a estas medidas. Hay que recordar que para acceder a la moratoria sectorial los requisitos cambian, pudiendo ser solicitada aquellas personas que se hayan visto afectadas económicamente con motivo de la crisis del Covid-19, habiendo perdido su empleo, estar en un ERTE, disminución de ingresos…

En cuanto a la información, algunos bancos apenas difieren en sus portales de internet entre ambas líneas de ayudas, entremezclando la información relativa a las moratorias legislativasmoratoria hipotecaria con la de la moratoria sectorial, llegando, incluso, a apenas hablar de esta segunda vía en sus páginas web, ofreciendo información sobre el contenido de las ayudas del gobierno, aun a sabiendas de que, como demuestran los datos, uno de cada tres aplazamientos cursados ha sido a través del acuerdo sectorial. En la información inicial que cada banco hace sobre las moratorias sectoriales son escasísimas las referencias al sobrecoste que la solicitud de este aplazamiento tendrá sobre el importe final del préstamo.

ADICAE ha detectado a través de sus canales de comunicación, reforzados además en sus vías telemáticas durante estas semanas a través del correo electrónico consultas@adicae.net, el Whatsapp 660175964 o el formulario en la web https://www.adicae.net/envie-su-consulta.html,  que existe una gran confusión entre muchos ciudadanos que piensan que están solicitando la moratoria estatal, cuando en realidad no es así, y que desconocen las diferencias en el coste que le supondrá esta confusión.

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