Los miles de pequeños accionistas se han quedado sin sus ahorros tras la transacción, por valor de un euro, del sexto banco español a la entidad de Botín. Resulta alarmante que la nefasta gestión llevada por el Consejo de Administración presidido por Sarancho se haya finiquitado con la pérdida del patrimonio de estos pequeños-inversores.
Entre las cuestiones prioritarias a las que De Guindos debería mostrar total transparencia son las razones por las cuales ha acaparado las funciones del Gobernador del Banco de España en este asunto, tal y como le acusan los medios. Debe explicar si este hecho tiene que ver con que se estén exigiendo responsabilidades penales al Bco. de España por haber permitido al Banco Popular una ampliación de capital en 2016, pese a tener conocimiento de su complicada situación.
El Ministro de Economía debe considerar si fue eficaz la actuación del MUR y si podemos confiar en los beneficios de la Unión Bancaria hacia la que nos dirigimos, teniendo en cuenta que se permitió funcionar a la entidad durante semanas con niveles de liquidez por debajo del requisito regulatorio.
ADICAE se pregunta cómo es posible que se hable de una «intervención que se ha llevado a cabo sin coste alguno para el contribuyente». El hecho de obviar a las decenas de miles de pequeños accionistas que cuentan con menos de 20.000 euros en el banco y que han perdido todo este patrimonio, resulta indignante. Estas personas trataron de amortizar sus títulos y como respuesta fueron reprendidos por los empleados del Banco. Estas víctimas de un proceso tan expres como opaco, fueron quienes confiaron en todo momento en una salida positiva a esta situación y ADICAE ha iniciado un proceso de lucha para evitar que las irregularidades y las injusticias sean pagadas por los más vulnerables. Los pequeños inversores se contagiaron del aire de optimismo que transmitía el propio banco y confiaron en las declaraciones del Gobierno que animaban a una actitud de calma ante lo que venía. ¿Qué respuesta le da a estas personas que confiaban tanto en el Gobierno como en su banco?
Resulta inexplicable que pese a que el Santander, a escasas semanas de esta venta expres por un euro, estuviese dispuesto a comprar el Popular de forma «regular» (lo que hubiese evitado una pérdida total de los ahorros de accionistas y titulares de instrumentos híbridos) se optara, en el último momento, por el sacrificio de los ahorros del accionariado minoritario en favor de los beneficios del Banco Santander. Las sospechas de ADICAE es que la entidad de Botín no es la única favorecida ante esta decisión y nos preguntamos quién más salen beneficiado de esta sangría al pequeño inversor.
De Guindos debe dar respuestas claras acerca de cómo pueden valorarse unas acciones que cotizan en bolsa a cero de forma discrecional, adjudicar a dedo la compra y saltase todos los derechos de los accionistas. Lo más justo sería que los accionistas del Popular tuvieran una solución como la que se ofreció al accionariado de Bankia. Parece que el Santander no sólo adquiere la entidad del Popular sino que hereda también la actitud abusiva que aplicaba a sus clientes y que se ejemplifica en la manera de afrontar el problema de las cláusulas suelo. El Santander, tiene la obligación de resolver ahora los fraudes lastrados por el Popular de manera negociada con sus nuevos clientes.
Otra peculiaridad sospechosa en todo este proceso de «venta» es que la CNMC no prohibiera especular a la baja con las acciones del Popular, a diferencia de lo que acaba de ocurrir ante la crisis de Liberbank, ante la cual ha parado en seco este tipo de especulaciones.
ADICAE entiende que es requisito indispensable informar sobre quienes se dedicaron a vender las acciones en grandes cantidades los días previos a la intervención. No es de recibo que la CNMV permitiera la huida de grandes inversores a costa de los pequeños inversores. Parece que algunos tenían una información a la que otros, en este caso el accionariado minorista, no tenían acceso, lo cual resulta sospechoso y muy preocupante.
Resulta evidente que nos dirigimos a una segunda parte del proceso de restructuración bancaria en España y parece que nuestro disperso sistema bancario pasará de las 15 entidades bancarias de la actualidad, a dos o tres grupos bancarios. Las medidas y manera por la que se realizará este proceso deben ser expuestas y explicadas con transparencia y total claridad, ya que concierne al bienestar social y la estabilidad económica del país. La seguridad de los ahorros de millones de españoles no puede estar en juego y deben estar garantizadas. ADICAE pide de forma imperativa que se haga conocer a la ciudadanía la evolución detallada de este proceso de reconversión financiera y las medidas de protección que se establecerán para evitar pérdidas de patrimonio por parte de las familias con pequeñas inversiones.
Por último, y no de menos relevancia, nos preguntamos cómo el Presidente del Popular, cuya gestión duró de apenas tres meses y con un resultado de quiebra, recibe una indemnización multimillonaria. Tampoco parece ético que, ante el drama de miles de familias que apostaron por el Popular, el señor Ángel Ron -quien ha llevado a la ruina al Popular en primera instancia- tengan una pensión vitalicia de más de un millón de euros al año.
