El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha publicado el informe ‘Datos sobre el efecto de la crisis en los órganos judiciales: Tercer trimestre de 2011’, en el que se refleja que un total de 14.894 familias perdieron su vivienda durante este periodo como consecuencia de las ejecuciones hipotecarias registradas en los Juzgados de Primera instancia e instrucción.
Aunque este dato supone un descenso del 23’1% con respecto al año anterior, no deja de ser un síntoma de que los principales responsables del desastre económico que está padeciendo nuestro país, es decir, bancos y cajas de ahorros, siguen haciendo pagar a los consumidores la crisis con la pasividad de las principales fuerzas políticas. De hecho sigue siendo una cifra superior a la registrada en cualquier trimestre entre enero de 2007 –primer registro oficial por parte del CGPJ- y septiembre de 2008.
Este descenso se debe, principalmente, a que en los meses veraniegos –especialmente agosto-, la actividad judicial se reduce en España hasta su más mínima expresión. Además es preciso señalar que los lanzamientos hipotecarios han seguido aumentando en este tercer trimestre de 2011, alcanzándose la cifra de 10.869 familias que fueron expulsadas de sus viviendas físicamente –desahucios- por la aplicación de la injusta Ley Hipotecaria. Este procedimiento ejecutivo no sólo impide que los consumidores puedan defender sus derechos alegando préstamos concedidos de manera irresponsable o con cláusulas abusivas, sino que permite que la entidad bancaria pueda seguir exigiendo la deuda en caso en que el precio de la vivienda sea inferior al del préstamo pendiente.
Los datos facilitados por el CGPJ ponen de manifiesto que el drama de las familias hipotecadas continúa, desgraciadamente, más vivo que nunca a pesar de las aparentes ‘ofertas’ hipotecarias publicitadas por algunas entidades financieras, que ofrecieron carencias para los hipotecados en paro –en las que siguen pagando los intereses- o hipotecas con dación en pago a unos diferenciales abusivos. Meras estrategias de marketing que, a tenor de los datos, no han resuelto el problema.
La moratoria hipotecaria, una medida viable[
Por ello ADICAE seguirá exigiendo a las fuerzas políticas que aprueben la moratoria hipotecaria planteada por nuestra asociación en el Congreso de los Diputados el pasado mes de agosto y que, tal y como señala el presidente de ADICAE, D. Manuel Pardos, “no fue ni tan siquiera examinada por el anterior presidente del Gobierno, ni por la ministra de Economía Elena Salgado”. ADICAE volverá a poner la próxima semana sobre la mesa del nuevo presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, así como del ministro de Economía, Luis de Guindós, y de la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad –donde se integra la parte correspondiente a Consumo-, Ana Mato, la propuesta de Real Decreto Ley redactada por los equipos económicos y jurídicos de la asociación.
“Se trata de una moratoria hipotecaria viable, razonable y benéfica no solo para las familias sino, incluso, para la economía general del Estado y para las propias entidades financieras”, destaca el presidente de ADICAE. “Nuestra propuesta permitiría comenzar a superar este drama, que en 2012 aumentará previsiblemente según las consultas registradas en el Departamento de Asesoría de ADICAE, llegándose seguramente al medio millón de familias que se han visto afectadas por los procesos de embargo desde que
estallara la crisis”.
Esta moratoria hipotecaria apenas tendría costes para las arcas del Estado. De hecho, según estimaciones del equipo económico de ADICAE, bastaría un 1 ó 2% de los casi 490.000 millones de euros que el Banco Central Europeo inyectó ayer a la Banca española para solucionar el problema de cientos de miles de familias hipotecadas en nuestro país.
Finalmente ADICAE valora positivamente el anuncio de Mariano Rajoy de reactivar la Subcomisión de Estudio y Posible Reforma del Sistema Hipotecario español pero, tal y como indica el presidente de ADICAE, “su actividad es perfectamente compatible con la aprobación inmediata de la moratoria hipotecaria presentada por ADICAE, algo que puede hacerse incluso en un Consejo de Ministros y no tiene por qué ser sometido a votación en el Congreso. La única solución inmediata al drama hipotecario es aprobar esta medida, lo que daría a las familias una segunda oportunidad para sanear su economía”.