ADICAE ya vaticinó que España podría necesitar un rescate financiero. Fue en noviembre de 2010, durante las jornadas ‘Los retos de los consumidores frente a la crisis’. Entonces la situación ya era complicada, aunque si las fuerzas políticas hubiesen actuado con corrección y responsabilidad democrática, el agujero económico existente en la actualidad podría no haberse agrandado a las proporciones actuales.
ADICAE, una de las principales organizaciones de consumidores europeas que ha seguido la crisis en la defensa de las innumerables agresiones del sistema financiero a los consumidores, considera que la crisis económica española, existente con carácter propio y previo a la crisis financiera global, puede conducir a una intervención de España por los organismos internacionales.
Si la falta de soluciones para el grave problema del endeudamiento privado en España, provocado por bancos y cajas de ahorros no da lugar a la intervención financiera de España es, sencillamente, porque el ESFS –Sistema Europeo de Supervisores Financieros- no tiene dinero suficiente para hacerlo. Según diversos analistas del sector España necesitaría 270.000 millones hasta 2014 para ser rescatada, pero el fondo actualmente sólo cuenta con, aproximadamente, 282.500 millones de euros.
El Estado debería ‘rescatar’ a los consumidores y no a la Banca
Los ciudadanos y ciudadanas del estado español y de toda Europa no queremos seguir pagando las consecuencias de una dominación financiera que ha gobernado a su antojo estos últimos 30 años con el apoyo de las castas políticas. La alianza entre poderes políticos y financieros ha socavado las bases de la confianza de la ciudadanía que ahora, en justicia, demanda una verdadera democracia social que les reconozca como sujetos activos y desenmascare este gran fraude social.
Bancos y partidos políticos han expropiado nuestros legítimos derechos sociales y políticos, les han puesto precio de saldo hasta degradarlos a una ridícula mercancía vacía de contenido real que finalmente nos han pretendido vender como los únicos “derechos” posibles. Nada más falso y artero. El derecho al trabajo, a la vivienda, a una jubilación justa, a una participación política limpia, a una vida digna en definitiva se han corrompido en manos de un Estado bancario que oprime a la ciudadanía y le niega reconocimiento, voz y derechos.
Casi cuatro años después de iniciarse una crisis económica causada, entre otras cuestiones, por las arriesgadas prácticas de la Banca, los Estados de la Unión Europea mantienen en el capital de sus bancos más de 175.000 millones de euros. Es la inyección pública que aparecía reflejada en los últimos test de estrés, donde se evaluaba la capacidad de resistencia de 90 entidades europeas, 25 de ellas españolas. Esta cifra es 2’3 veces la cantidad que se destinó para el rescate a Portugal y cinco veces más de lo que diversas organizaciones consideran sería necesario para paliar el hambre en el mundo. ¿No ha llegado ya la hora de que el Estado ‘rescate’ a los ciudadanos?
El primer paso: STOP Embargos
Un primer paso sería que el Consejo de Ministros diese luz verde a la moratoria hipotecaria planteada por ADICAE. Paralizar los procesos de embargo durante al menos tres años daría un respiro a alrededor de un millón de familias, permitiría reestructurar su deuda y encontrar soluciones a su situación económica. Si a ello le añadimos, además, la eliminación de las cláusulas suelo y la prohibición de incluir productos tóxicos en las hipotecas –como los ‘swaps’-, alrededor de cuatro millones de familias en todo el país ‘respirarían’ económicamente mucho mejor. Además es preciso que se tomen otra serie de medidas, que ADICAE ha desarrollado ampliamente en el ‘Manifiesto por un cambio del sistema financiero español’.
Actualmente hay un 45% de los jóvenes menores de 25 años en paro; más de un 60% de los hogares en dificultades para llegar a fin de mes; cientos de miles de familias que han perdido su vivienda o en riesgo de perderla; decenas de miles de personas que han demandado a la Banca por las estafas de productos financieros tóxicos como contratos financieros de swaps y cláusulas suelo,… Son ejemplos de las consecuencias de una dictadura conjunta de Estado y poderes financieros que debe terminar inmediatamente. Para ello, la primera medida que debe tomar el Gobierno, de manera urgente, es paralizar los embargos.
Las fuerzas políticas, más preocupadas en ‘desactivar’ el 15M que en solucionar la situación
Entretanto las movilizaciones populares en pos de una democratización real del sistema financiero español han resurgido en los últimos días a causa de todo lo comentado anteriormente y de la polémica decisión de la Delegación del Gobierno de Madrid de desalojar a los ‘acampados’ de la Plaza del Sol y del Paseo del Prado. Los hechos que están aconteciendo en las ciudades y plazas españolas demuestran que la ciudadanía ha dicho ‘basta ya’, que está harta de que las fuerzas políticas sigan defendiendo los intereses de la Banca y que “esta crisis no la pagamos”. Y sólo hace falta una pequeña ‘chispa’ para que vuelva a prender la llama.
Los ciudadanos han dicho basta. Mientras el Banco Central Europeo anuncia que no comprará deuda masivamente de los países europeos; las Bolsas caen; las agencias de calificación de ‘rating’ siguen jugando a su antojo con la prima de riesgo de España –que ya ha superado incluso los 415 puntos-; y la Banca sigue imponiendo cláusulas abusivas en las hipotecas, desahuciando a una media de 275 familias al día en toda España, aumentando sus ingentes beneficios y recibiendo dinero público para sanear su economía;… mientras todo eso ocurre, las fuerzas políticas parecen más interesadas en que las protestas ciudadanas no se vean que en solucionar la drástica situación económica de España.
