CAMBIO CLIMÁTICO, UNIÓN EUROPEA Y LOS CONSUMIDORES: SUSTITUCIÓN DE LAS CALDERAS DE GAS

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CAMBIO CLIMÁTICO, UNIÓN EUROPEA Y LOS CONSUMIDORES: SUSTITUCIÓN DE LAS CALDERAS DE GAS

Los consumidores tendrán que sustituir su caldera de gas, como tarde, en 2035

Según la Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA) en el año 2019 el 77% de los gases de efecto invernadero emitidos a la atmósfera procedieron del sector de la energía. Con el objetivo de mitigar este impacto en el medio ambiente y apoyar la sostenibilidad la Unión Europea presentó en 2020 el Pacto Verde Europeo. Dentro de la aplicación de este Pacto Verde se aprobó un Plan de Acción para la Economía Circular, y en este se prevén acciones específicas en la construcción y rehabilitación de viviendas.

En marzo de 2023 se reformó la Directiva que apuesta por la eficiencia energética, estableciendo la supresión de aquellos sistemas de calefacción que requieran de combustibles fósiles, obligando a los países a conseguir en 2035 (como tarde) la eliminación del uso de las calderas de gas, con la repercusión directa que conlleva para muchos consumidores en sus hogares, así como la mejoría de la eficiencia energética de los edificios.

Directiva de eficiencia energética de edificios (EPBD)

Para mejorar la eficiencia energética del parque edificado, la Directiva de eficiencia energética en edificios de la UE (EPBD) se apoya en herramientas como el establecimiento de requisitos de uso de la energía en edificios nuevos y que los existentes se sometan a grandes renovaciones, introducción de certificados de eficiencia energética e inspecciones de sistemas de climatización.

Esta Directiva incide significativamente en la vida cotidiana de los consumidores. En primer lugar, al exigir una mayor eficiencia energética en los edificios, esto podría llevar a un aumento de los costes de construcción, que se trasladarían al consumidor. Sin embargo, a largo plazo, los consumidores se beneficiarían de una reducción en sus facturas de energía gracias a la mayor eficiencia de sus hogares. Además, la obligación de disponer de un certificado de eficiencia energética proporciona a los consumidores una herramienta valiosa para evaluar y comparar el rendimiento energético de diferentes propiedades antes de tomar decisiones de compra o alquiler.

La reciente Directiva (2023/1791) pone fin a las calderas de gas, obligando a su sustitución por bombas de calor para obtener certificados de eficiencia energética para las viviendas. El objetivo es reducir un 11,7% el consumo de energía final y primaria para 2023 en comparación con los niveles de 2020. Además, la norma establece que no se considerarán apoyos económicos provenientes de medidas que impliquen combustión directa de combustibles fósiles, como la sustitución de calderas de gas por nuevas más eficientes.

Algunas alternativas a las calderas de gas

La aerotermia es un sistema de climatización que aprovecha la energía térmica presente en el aire para calefacción, refrigeración y producción de agua caliente sanitaria. Este proceso se realiza mediante el uso de una bomba de calor que extrae el calor del aire exterior en el caso de calefacción o lo expulsa hacia el exterior en el caso de refrigeración. Se considera una fuente de energía renovable y eficiente, ya que aprovecha el calor ambiental, en lugar de generar calor directamente. Y, además, puede contribuir a reducir la dependencia de combustibles fósiles y las emisiones de gases de efecto invernadero.

A su favor podemos decir que reduce el uso de energía necesaria para funcionar, pudiendo suponer, a largo plazo, un ahorro en la factura final. Además, evitan el riesgo de fugas de gas y sirven tanto para calefacción como para refrigeración, cumpliendo una doble función utilizando una energía más limpia.

Por contra, el coste que puede suponer a los consumidores realizar la adaptación a este sistema, puede llegar a ser una barrera financiera. Actualmente, en España, se estima que más de 3.9 millones de viviendas podrían enfrentar dificultades técnicas para adoptar esta tecnología. Además, hay que tener en cuenta que en caso de corte eléctrico el consumidor no podría usar este tipo de climatización.

Las calderas eléctricas generan calor mediante resistencias eléctricas. Se pueden usar para calefacción y también para calentamiento de agua. Pueden tener costos operativos más altos debido al precio de la electricidad, pero también son más limpias y fáciles de instalar. Su eficiencia va a depender de factores como el aislamiento del edificio. Se suelen instalar en lugares donde no se dispone de otros combustibles y en áreas de generación eléctrica renovable.

El hidrógeno verde se produce mediante electrólisis, un método que garantiza que la producción de hidrógeno sea libre de emisiones de carbono si la electricidad utilizada proviene de fuentes limpias. Aunque hay múltiples estudios que indican que hoy en día es bastante cuestionable su uso, debido principalmente a que es una opción muy cara, menos eficiente y bastante perjudicial para el medio ambiente. Por ejemplo, según la Hydrogen Science Coalition se necesitan casi seis veces más electricidad para satisfacer la demanda de calefacción en España usando este método, que, por ejemplo, usando bombas de calor. De hecho, hoy en día, sólo el 0.04% de la producción mundial de hidrógeno es hidrógeno verde.

En ADICAE estamos comprometidos con los avances que promuevan un mundo más sostenible. Si estás pensando en actualizar tu caldera de combustible fósil y te surgen dudas, acude a tu sede más cercana.

El TJUE DECLARA QUE NO PUEDE EMPEZAR A CONTAR NINGÚN PLAZO PARA RECUPERAR LOS GASTOS HIPOTECARIOS HASTA QUE EL CONSUMIDOR NO TENGA CONOCIMIENTO DE LA ABUSIVIDAD DE LA CLÁUSULA

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El TJUE DECLARA QUE NO PUEDE EMPEZAR A CONTAR NINGÚN PLAZO PARA RECUPERAR LOS GASTOS HIPOTECARIOS HASTA QUE EL CONSUMIDOR NO TENGA CONOCIMIENTO DE LA ABUSIVIDAD DE LA CLÁUSULA

El fallo del Alto Tribunal respalda las tesis que han sido defendidas desde ADICAE 

 

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha dictado el pasado jueves 25 de enero una relevante sentencia en relación al plazo para poder reclamar los denominados “gastos hipotecarios”, como respuesta a las “cuestiones prejudiciales” planteadas por la Audiencia Provincial de Barcelona, y que, según ADICAE (Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros), en cierto modo, ya adelanta qué respuesta puede dar al Tribunal Supremo en las cuestiones que también han sido planteadas por el Alto Tribunal.

El Tribunal europeo ha sentenciado que únicamente podrá empezar a correr el plazo para presentar la reclamación cuando el consumidor tenga el conocimiento de la abusividad de la cláusula. Lo habitual es solicitar al mismo tiempo, por un lado, la declaración de nulidad de la cláusula (que no prescribe) y, por otro, la restitución de las cantidades cobradas, por lo que en la práctica lo que viene a dictaminar el TJUE es, que si se cumplen estos dos factores, para los consumidores no existiría un plazo a la hora de reclamar esa devolución.

Este fallo ha venido a respaldar las tesis que desde ADICAE ya fueron defendidas tiempo atrás, en tanto que el día a partir del cual se cuenta el inicio del plazo de prescripción no es el día de celebración del préstamo hipotecario.

La respuesta que ha expuesto el TJUE se refiere a los principios de efectividad y equivalencia, y, por ello, reconoce la existencia de una situación desigual entre consumidores y entidades bancarias, siendo muy dudoso poder afirmar de facto que un consumidor medio conoce la jurisprudencia pronunciada por parte de los tribunales en esta materia.

Desde ADICAE animamos a los consumidores a presentar las reclamaciones de gastos hipotecarios con total seguridad, solicitando la devolución de unas cantidades que la entidad bancaria no debería haber cobrado en la celebración del contrato hipotecario.

Centros Ideal, cómo actuar frente a un nuevo caso de desplante a los consumidores

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ADICAE informa a los afectados del cierre de Centros Ideal que son varios los motivos que darían pie a una reclamación, como mala praxis, incumplimiento de contrato, etc.

Todas las personas que hayan visto paralizados sus servicios contratados, tienen derecho a la devolución de las cantidades abonadas de la parte del tratamiento no realizada, aunque se deberá tener en cuenta la forma en la que cada consumidor haya decidido financiar los tratamientos contratados con los Centros Ideal.

Los consumidores que hayan financiado el tratamiento con un contrato vinculado con una entidad financiera pueden pedir la devolución del importe abonado por servicios no prestados y la reclamación de cuotas ante la entidad financiera con la que hubiese suscrito el contrato de crédito, siempre y cuando se haya dejado de prestar de forma efectiva el servicio y se haya reclamado previamente de forma judicial o extrajudicial a Centros Ideal.

Por otro lado, los consumidores que hayan financiado el tratamiento con un préstamo personal no vinculado directamente a un tratamiento con Centros Ideal deben deberían avisar a la entidad financiera para modificar el contrato y evaluar el pago de las cuotas pendientes.

Finalmente, aquellos consumidores que hayan pagado por adelantado la totalidad del tratamiento tienen derecho a solicitar por vía judicial la devolución de los importes abonados por los servicios no prestados.

Recomendamos a los consumidores recopilar toda la documentación de la que pudieran disponer sobre sus tratamientos, desde la publicidad inicial, los presupuestos previos y contratos y, si la situación derivase en una reclamación, una copia de su historial clínico.

ADICAE considera que los bancos tienen poco que celebrar en su día debido al maltrato sistemático al que abocan a muchos consumidores

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La desatención a los clientes senior, el escasísimo ofrecimiento y publicidad de la cuenta de pago básica y la despoblación financiera, los principales debes de la banca

El 19 de diciembre de 2019, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la resolución 74/245, que designaba el 4 de diciembre como el Día Internacional de los Bancos en reconocimiento al importante potencial de estas entidades para mejorar el nivel de vida de los ciudadanos. Evidentemente, las carencias detectadas por Adicae en los servicios financieros para con nuestros mayores, personas en riesgo de exclusión social o que viven en zonas rurales no contribuyen en absoluto a la consecución de dichos objetivos.

En relación a la primera cuestión, y según estudios propios de la asociación, el 74% de los consumidores no conocen el protocolo Estratégico para Reforzar el Compromiso Social y Sostenible de la Banca y más del 90% no ha recibido ningún tipo de formación financiera por parte de los bancos.

Respecto a la cuenta de pago básica, la cual sólo puede ser contratada por los colectivos más vulnerables, es preciso recordar que todos los bancos que comercializan cuentas corrientes están obligados a ofrecer una cuenta de pago básica desde el 23 de abril de 2019 a aquellas personas que por su precaria situación lo requieran. La realidad que denunciamos en ADICAE: no se está publicitando a los clientes más que con una breve reseña en la web, la tenencia de una cuenta corriente previa impide la contratación de una básica y, además, la documentación a aportar para demostrar la condición de vulnerabilidad es excesivamente compleja para el usuario al que va destinada dicha cuenta.

En cuanto a la “despoblación financiera” ADICAE resalta los alarmantes datos que diversos informes han puesto sobre la mesa: el BdE reconoce que durante la primera mitad de este año se ha cerrado una sucursal cada dos días, es decir, 120 establecimientos menos sólo en el primer semestre. Desde junio de 2018 hasta el término del primer semestre de 2023 la pérdida es del 40% de las sucursales. Si nos vamos más atrás, desde el máximo logrado en 2008, la pérdida se acerca al 60% (según datos del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas). A este respecto, la llamada “España vacía” también es la que encabeza esta “despoblación financiera”, siendo Castilla y León la triste campeona de este ranking, según este mismo informe.

Por todo ello, Adicae propone: 1) una moratoria en el cierre de oficinas y cajeros para garantizar la calidad del servicio a los clientes; 2) garantías de accesibilidad a los servicios bancarios, en especial para los consumidores de mayor edad; 3) mantenimiento de los servicios financieros en zonas rurales que aseguren una prestación digna a los usuarios de banca de estos lugares; 4) promover la formación financiera real y práctica a los clientes que lo necesiten desde las propias entidades financieras, entre otras cuestiones.

ADICAE valora positivamente la continuidad de los impuestos a la banca y a las energéticas y confía en que lo recaudado revierta en políticas favorables a los consumidores

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La asociación, como en anteriores ocasiones, vigilará que estos gravámenes no sean repercutidos finalmente a los ciudadanos

ADICAE considera una buena decisión la adoptada por el nuevo gobierno de España de dar continuidad a los impuestos a la banca y a las energéticas que se inició hace año y medio y, más aún, el hecho de hacerlo permanente en el caso de las grandes compañías eléctricas.

En lo que concierne a las entidades financieras, y como la propia asociación ha podido verificar (a falta de los datos del último trimestre) entidades como el Banco Sabadell, Bankinter o CaixaBank ya acumulan más beneficios en nueve meses que en todo el ejercicio 2022, todo ello a pesar de haber liquidado el impuesto temporal del que tanto se quejaba la banca española. BBVA o Santander aún no han llegado a este punto, pero los datos recopilados hasta ahora permiten aventurarnos a afirmar que batirán récords de resultados también.

Por lo tanto, y a la vista de estos balances, ADICAE puede afirmar que las entidades bancarias no sufren apenas por este impuesto que resulta claramente insignificante para su solvencia pero que, al menos, palia la deuda moral que aún mantiene el sistema financiero español para con los consumidores, al deber aún a la ciudadanía más de 50.000 millones de euros de la anterior crisis.

ADICAE también valora de forma positiva la continuidad y la permanencia en la aplicación del impuesto a las grandes energéticas. A pesar de las declaraciones de algunas compañías, patronales y asociaciones de este sector que durante los días previos a este Consejo de ministros ha pretendido chantajear al Ejecutivo arguyendo una supuesta falta de “estabilidad fiscal” el impuesto ha sido prorrogado; eso sí, con la modificación de Ley General de Presupuestos para que estas empresas se puedan deducir en 2024 las inversiones vinculadas con proyectos industriales y de descarbonización. Algo que ADICAE espera se traduzca en precios de la energía más reducidos para los usuarios españoles al ser la energía verde mucho más barata de producir que la que proviene del carbón o de la quema de gas.

Por todo ello, ADICAE seguirá apoyando todas aquellas medidas que, independientemente de quien las lleve a cabo, amparen, amplíen, favorezcan o defiendan los derechos de los consumidores de nuestro país.

Para cualquier asunto relacionado a la nota de prensa pueden contactar con el teléfono 607261951 o bien a través del email prensa@adicae.net

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