
La Directiva 2013/11/UE, relativa a la resolución alternativa de litigios en materia de consumo, y denominada “Directiva ADR” (Alternative Dispute Resolution), debía haber sido transpuesta a la legislación española el pasado 9 de julio para corregir graves déficits de los actuales sistemas de resolución extrajudicial de conflictos de consumo. Pero el anteproyecto de ley del Gobierno se ha quedado en los cajones del Ejecutivo, a pesar de que la dispersión de sistemas de reclamación y la falta de imparcialidad, transparencia y efectividad de los mismos son aspectos que la Directiva aborda y en los que permite avanzar. Read More