Las cifras de ejecuciones hipotecarias ponen al descubierto el error de dejar a la banca gestionar libremente medidas como las moratorias

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Las ejecuciones hipotecarias aumentaron el primer semestre de 2022 en Cantabria, Extremadura y Madrid respecto a 2021 (ver cuadro resumen por CCAA)

En Navarra el crecimiento en 2021 fue del 60%, mientras que Andalucía, Castilla La Mancha y Baleares registraron aumentos de entre el 49 y el 52%

Cataluña, Andalucía, Valencia y Madrid lideran las ejecuciones hipotecarias desde 2020

Los datos sobre ejecuciones hipotecarias muestran la necesidad de aprobar moratorias y medidas normativas para los consumidores en dificultades para el pago de la hipoteca, según ha manifestado hoy ADICAE.

Las cifras, obtenidas de la estadística del Consejo General del Poder Judicial, ponen en cuestión la eficacia de las medidas de “reestructuración de deudas” de la banca y del Código de Buenas Prácticas, y reafirman la necesidad de avanzar hacia moratorias legalmente fijadas ante la subida de la inflación y los tipos de interés

De esta forma, y frente al interesado empeño de la banca en avanzar hacia medidas de carácter voluntario como respuesta a los problemas hipotecarios de cientos de miles de consumidores, la realidad justifica sin lugar a dudas la necesidad de establecer, como plantea ADICAE, mecanismos reglados, regulados y sometidos a control, en forma de moratorias verdaderamente eficaces.

Pese a las moratorias impulsadas en la pandemia, las ejecuciones en 2021 aumentaron en total en un 36% frente a 2020, mientras que entre 2020 y junio de 2022 un total de 60.986 hipotecas han sido objeto de demanda de ejecución. Por ello, ADICAE considera más importante aún si cabe avanzar hacia una autentica y efectiva moratoria legal, la elevación del rango del llamado «Código de Buenas Prácticas», la ampliación de las condiciones para su aplicación y medidas de transparencia, control y supervisión sobre la actuación de la banca al respecto.

Además queda comprobada la ineficacia a la que abocan planteamientos que se apliquen, como parece pretender la banca, de manera unilateral, sin respaldo legal suficiente y sin contar con los consumidores, con anuncios manipulados e interesados sobre medidas para afrontar los riesgos y peligros de las subidas de tipos de interés en un contexto de inflación y dificultades crecientes para los consumidores. Al respecto ADICAE ha advertido hoy que las medidas que propone la banca constituyen duplicar o triplicar su negocio a costa de la inflación y los consumidores «vulnerables», por lo que el Presidente de ADICAE, Manuel Pardos, indicó esta mañana que a la vista de todos los datos “dejar las medidas de respuesta a los riesgos hipotecarios en manos exclusivamente de la banca no es una opción.”

 

Las reclamaciones contra los bancos por las hipotecas aumentaron un 94,1% en el 2021, según la Memoria de Reclamaciones del Banco de España; desde 2015 hasta 2021 tan sólo 41.560 hipotecados han podido “reestructurar” su deuda a través del Código de Buenas Prácticas (ver cuadro), además en condiciones poco claras, pese a que fueron casi 100.000 las solicitudes presentadas en ese período, y sólo en 13 casos se procedió a una “quita”. Por su parte en las moratorias aprobadas en la pandemia la banca derivó al 80% de los solicitantes a la moratoria “sectorial”, eludiendo cualquier control sobre los requisitos y las medidas aplicadas; y en 2021, con el Euribor en negativo, la banca pasó de tipo variable a tipo fijo (ver cuadro) un total de 7.599 hipotecas según el INE, (ver «gap» fijo-variable) mientras que ahora que el Euribor ha cambiado su tendencia las ofertas a tipo fijo están desapareciendo

Adicae advierte que las medidas que propone la banca constituyen duplicar o triplicar su negocio a costa de la inflación y los consumidores «vulnerables»

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La Asociación propone una autentica y efectiva moratoria legal, la elevación del rango del llamado «Código de Buenas Prácticas», la ampliación de las condiciones para su aplicación y medidas de transparencia, control y supervisión sobre la actuación de la banca al respecto.

ADICAE califica de “inaceptable” cualquier planteamiento que se aplique de manera unilateral, sin respaldo legal suficiente y sin contar con los consumidores, y trasladará al Ministerio de Economía y a la AEB sus planteamientos y propuestas

El concepto de «vulnerabilidad» que asume la banca conlleva dejar fuera de cualquier medida a cientos de miles de consumidores que las requieren o requerirán

ADICAE califica de manipulado e interesado (ver datos en anexos al final de esta nota) el actual debate de la banca sobre medidas para afrontar los riesgos y peligros de las subidas de tipos de interés en un contexto de inflación y dificultades crecientes para los consumidores. Como ha destacado el Presidente de ADICAE, Manuel Pardos, “conceptos como ‘congelación de las hipotecas’, o ‘moratorias sectoriales’ esconden medidas cuyos principales beneficiarios son las propias entidades bancarias, al incrementar finalmente el coste de intereses a pagar por los hipotecados”

En la práctica la banca sólo aspira a evitar la adopción de medidas regulatorias que den respuesta eficaz a los problemas que, según el Banco de España, afrontarán al menos 350.000 familias, cifra que podría elevarse sensiblemente en función de la evolución de la inflación, los precios de la energía y los tipos de interés.

De esta forma la banca está planteando fórmulas voluntarias, sin sujeción a control alguno y completamente discrecionales, y que les permiten mantener o incluso incrementar el pago total de intereses (al retrasar el pago del capital mientras se siguen pagando intereses) y reducir su necesidad de provisiones por morosidadsin garantía alguna de que todos los consumidores que necesitan medidas extraordinarias se ven beneficiados por ellas

“Los consumidores no podemos aceptar que se repita la abusiva actuación de la banca con las moratorias adoptadas en la pandemia, en las que todo el sector eludió la aplicación de las medidas legales para aplicar libremente y sin control las que cada entidad elegía”, ha señalado Manuel Pardos, quien ha añadido que “ante una situación como la actual sólo medidas normativas pueden ser consideradas, medidas que la ministra Calviño no debe dudar en abordar y para las cuales ADICAE tiene propuestas”.

Entre estas propuestas se encuentra establecer una verdadera moratoria, tanto sobre las hipotecas como sobre las ejecuciones hipotecarias, en aquellos casos en que se requiera para evitar la pérdida de la vivienda; y revisar y ampliar las condiciones fijadas en el Código de Buenas Prácticas para acceder a las medidas en él contempladas, fijando dicho Código como obligatorio y supervisando su aplicación, entre otras.

Las reclamaciones contra los bancos por las hipotecas aumentaron un 94,1% en el 2021, según la Memoria de Reclamaciones del Banco de España; desde 2015 hasta 2021 tan sólo 41.560 hipotecados han podido “reestructurar” su deuda a través del Código de Buenas Prácticas (ver cuadro), además en condiciones poco claras, pese a que fueron casi 100.000 las solicitudes presentadas en ese período, y sólo en 13 casos se procedió a una “quita”. Por su parte en las moratorias aprobadas en la pandemia la banca derivó al 80% de los solicitantes a la moratoria “sectorial”, eludiendo cualquier control sobre los requisitos y las medidas aplicadas; y en 2021, con el Euribor en negativo, la banca pasó de tipo variable a tipo fijo (ver cuadro) un total de 7.599 hipotecas según el INE, (ver «gap» fijo-variable) mientras que ahora que el Euribor ha cambiado su tendencia las ofertas a tipo fijo están desapareciendo (ver anexo 1 y anexo 2). Datos que, como indicaba hoy el Presidente de ADICAE, “ponen de manifiesto que dejar las medidas de respuesta a los riesgos hipotecarios en manos de la banca no es una opción.”

Para entrevistas o cualquier cuestión vinculada a la nota de prensa pueden contactar con el teléfono 607261951 o bien a través del email prensa@adicae.net para declaraciones del Presidente de ADICAE y del equipo técnico de la Asociación a través de videoconferencia o por vía telefónica.

Tope al gas, una medida necesaria que está generando confusión en la factura de los consumidores

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El mercado de la energía marca los precios a través de un sistema marginalista,  el precio del último kWh necesario para producir la energía decide el precio del 100% de la misma

Numerosos consumidores han observado perplejos como su factura eléctrica del mes de los últimos meses ha aumentado considerablemente de forma inesperada al toparse con un nuevo concepto llamado “tope del gas” o “compensación”.

El famoso tope del gas se trata de una medida compensatoria tomada por parte del gobierno cuyo objetivo es limitar el impacto de la subida del precio de la luz.

Para entender el impacto económico de esta medida es necesario comprender como funciona el mercado de la energía. Se trata de un sistema marginalista, que consiste en que el precio del último kWh necesario para producir la energía decide el precio del 100% de la misma. Este sistema ha funcionado muy bien hasta que nos encontramos una situación en la que una de las tecnologías, en este caso el gas, tiene precios desorbitados. Para paliar este problema se ha puesto un precio máximo al gas que pagan los consumidores, sin embargo, las empresas que lo utilizan para producir energía siguen comprando gas a precio de mercado libre, como consecuencia incurren en pérdidas que se deben compensar pagando un precio superior por el resto de tipos de energías.

Por lo tanto, este tope al gas es un mecanismo que consigue reducir el precio, a pesar de que muchas personas, con razón, indican que su factura de la luz es más cara que hace un año o incluso unos pocos meses.

La compensación puede aparecer en su factura de cualquiera de las siguientes formas: “Coste tope del gas RDL 10/2022” o “Mecanismo de Ajuste Real Decreto-Ley 10/2022”

Para saber si estamos ahorrando en el recibo de la luz deberíamos comparar la factura de un mes en el que se ha aplicado el tope al gas con la hipotética factura que nos había llegado si no se hubiera aplicado esta medida. Actualmente la diferencia entre el precio mayorista y minorista de la luz es de casi el doble, por lo que no es descabellado pensar que podemos estar pagando lo mismo por la luz que consumimos que por la compensación del tope al gas.

Esta compensación puede aparecer en su factura de cualquiera de las siguientes formas: “Coste tope del gas RDL 10/2022” o “Mecanismo de Ajuste Real Decreto-Ley 10/2022”. Según la normativa, el coste de la compensación se reparte entre todos los usuarios del mercado eléctrico, menos aquellos que tengan contratos anteriores al 26 de abril de 2022 con un precio fijo, si usted tiene que renovar en los próximos meses preste especial atención a las ofertas, ya que muchas eléctricas no están incluyendo en sus ofertas la compensación por el tope al gas la cual aparece en muchas ocasiones con letra pequeña.

ADICAE celebra la ampliación del bono social eléctrico

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La Asociación ha propuesto a la Vicepresidenta Ribera una gran campaña de información y comunicación para evitar que millones de consumidores con derecho al bono queden fuera de la medida, como sucede en la actualidad.

Adicae pide también la aplicación automática del bono social eléctrico a todos los consumidores que tengan derecho a disfrutarlo.

Tras la presentación por la Vicepresidenta Tercera del Gobierno y Ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, del Plan de contingencia (“Plan para + seguridad eléctrica”) a la finalización del Consejo de Ministros, ADICAE valora muy positivamente el anuncio de la  extensión del bono social eléctrico y térmico, cuestión que la Asociación había propuesto a la ministra Ribera el pasado 9 de septiembre (ver documento).

No obstante, y a falta de conocer los detalles concretos de la medida, ADICAE considera necesario, como también ha trasladado ya a la Vicepresidenta Tercera, que se desarrolle una gran campaña de información que facilite que todos los consumidores que reúnen las condiciones para acceder al bono social eléctrico lo hagan, corrigiéndose así la actual situación, en la que sólo 1,19 millones de consumidores, según la CNMC, disfrutan del bono social eléctrico pese a que son casi 4 millones los que tenían derecho al mismo con los requisitos fijados hasta ahora, según cálculos de ADICAE. Pero además la cifra de hogares acogidos a estas ayudas ha caído por debajo de la mitad respecto a los más de 2,5 millones que había en 2015 y muestra el escaso uso de una herramienta que reduciría sensiblemente la factura de los consumidores

Esta aplicación del bono social a todos los consumidores con derecho al mismo supondría un ahorro de más de 1.200 millones de euros en las facturas de los próximos 6 meses, ahorro que se verá incrementado con la ampliación del bono anunciado hoy en función del detalle de los cambios que se operen respecto al bono y sus requisitos. Y es que muchos consumidores que tienen derecho a beneficiarse del bono social no lo han solicitado por «una tramitación innecesariamente farragosa y una gran lentitud por parte de las eléctricas», lo que provoca que se desincentiven las solicitudes de los consumidores.

Por otra parte, y en la misma perspectiva de garantizar el máximo alcance del bono social eléctrico y térmico, ADICAE pide que la aplicación de ambos sea de carácter automático, sin necesidad de solicitud por parte del consumidor. En cualquier caso, ADICAE sigue movilizando y orientando a los consumidores para difundir este descuento, y mantiene sus sedes abiertas para ayudarles en su tramitación.

Una vez se conozca el detalle de estas medidas, así como el resto de principales capítulos presentados por la Vicepresidenta Ribera, ADICAE trasladará al Ministerio sus propuestas al respecto, si bien la previsión de mejorar la información en las facturas, el despliegue de contadores inteligentes o el apoyo a la eficiencia energética, entre otros, son elementos de necesario abordaje y por tanto bienvenidos a priori por los consumidores.

Información complementaria de utilidad                                                                                                                                          

La condición básica para acceder es tener un contrato eléctrico dentro del llamado PVPC, el mercado regulado. Comercializado por apenas ocho empresas, mantiene todavía a casi 10,5 millones de consumidores domésticos según datos publicados por la CNMC, pese a la estrategia llevada a cabo por las grandes eléctricas para arrastrar, engañosamente en muchos casos, a los consumidores hacia el mercado libre.

Las causas principales del descenso de beneficiarios son una tramitación innecesariamente farragosa y una gran lentitud por parte de las eléctricas, que desincentiva las solicitudes de los consumidores, obligados a un enrevesado papeleo para demostrar su nivel de renta y el resto de requisitos exigidos según los casos.

La pobreza energética afecta a entre 2 y 3 millones de hogares, según los indicadores de la Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética, y su incidencia aumenta cada vez más. Los últimos datos de la Encuesta de Condiciones de Vida del INE, referidos a la imposibilidad de mantener una temperatura adecuada en la vivienda en invierno, muestran que el número de hogares en esta situación se ha duplicado entre 2019 y 2021.

ADICAE insta al Ministerio de Justicia a acelerar la transposición de la Directiva de la Unión Europea sobre las acciones colectivas

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El plazo de la transposición finalizará el próximo 25 de diciembre.

ADICAE se dirige a la Ministra de Justicia destacando las consecuencias del retraso en los consumidores, la confianza en la Justicia y el propio mercado y la competencia en el mismo. En la misiva el Presidente de ADICAE reclama la máxima celeridad, poniendo la experiencia de la Asociación a disposición y solicitando una reunión al respecto. (ver CARTA)

Casi 200.000 demandas por abusos hipotecarios (suelos y gastos, principalmente) se encuentran pendientes de resolución, mientras que reclamaciones presentadas en 2018 aún están siendo admitidas a trámites e iniciando su proceso 4 años después.

El 25 de noviembre de 202 se aprobó la Directiva (UE) 2020/1828 del Parlamento Europeo y del Consejo en relación a las acciones de representación para la protección de los intereses colectivos de los consumidores a nuestro ordenamiento jurídico. La “acción colectiva” es una de las reivindicaciones más importantes de ADICAE y también una de las señas de identidad de la defensa de los consumidores por parte de la asociación.

El plazo para la transposición de dicho instrumento expira el próximo 25 de diciembre, fecha en la que se deberían haber publicado las disposiciones necesarias para que se cumpla lo que se establece en él para su aplicación, a más tardar, seis meses más tarde (el 25 de junio de 2023)

A menos de tres meses del fin del plazo no hay texto ni noticias del estado de esta transposición, desde que en septiembre de 2021 el Ministerio de Justicia desarrollara una “consulta pública previa” al respecto, pese a tratarse de una cuestión de vital transcendencia para la protección de los derechos de los consumidores en un contexto de comercialización masiva de productos y servicios en base a condiciones generales de contratación, sin negociación alguna.

Incluso en los casos de más relevante éxito de la acción colectiva de ADICAE, como la macrodemanda por las cláusulas suelo en el que la Justicia reconoció la abusividad de la cláusula para 101 entidades y ordenó la devolución de cantidades a todos los consumidores, la demora en los procesos (en el caso de los “suelos” elevado al propio TJUE) vienen conllevando un grave déficit para la eficacia de las llamadas “acciones de representación” previstas en la Directiva.

Por ello el Presidente de ADICAE, Manuel Pardos, se ha dirigido hoy a la Ministra de Justicia, Pilar Llop, a fin de solicitar la máxima aceleración de la transposición. Al respecto, en su carta recuerda a la ministra que “los problemas que adolece el actual sistema generan una pérdida de confianza de los consumidores y la ciudadanía en la Justicia a la hora de solventar abusos de carácter generalizado”, añadiendo que la ausencia de un mecanismo de acción judicial colectiva eficaz ha derivado en un auténtico “colapso judicial”, con en torno a 200.000 demandas en los juzgados especializados en cláusulas abusivas en hipotecas mientras en algunos juzgados las reclamaciones judiciales presentadas en 2018 son objeto de admisión a trámite ahora, casi 4 años después, “plazo que resulta de todo punto inasumible por los consumidores y por una administración de Justicia eficaz”

Al respecto, además de destacar la urgencia de la cuestión no sólo por una cuestión legal (el plazo de transposición) sino práctica y de eficacia de la Justicia para los consumidores, ha solicitado a la ministra una reunión en la que poder conocer el punto actual de la iniciativa regulatoria y aportar toda la experiencia y propuestas de ADICAE al respecto.

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