ADICAE agrupa a 1.100 demandantes con el objetivo de analizar y enjuiciar la responsabilidad de la absorción fraudulenta de la entidad bancaria por el Banco Santander. La asociación considera que en este tiempo pocos han sido los avances para clarificar lo ocurrido, por lo que cada vez es más difícil darle una solución razonable a los 300.000 afectados, pequeños accionistas ahorradores del Popular.

En este mes de junio se cumple el cuarto aniversario desde que el Banco Santander adquiriese el Banco Popular por la cantidad irrisoria de un euro, después de que la Junta Única de Resolución (JUR) decidiese la resolución de la entidad. Una decisión que dejó tras de sí a miles de consumidores profundamente afectados, ya que para buena parte de ellos supuso la pérdida de los ahorros de toda una vida. Cuatro años han pasado ya desde aquel fraude, un tiempo que se ha hecho eterno para los afectados y en el que no han encontrado resarcimiento alguno.

La querella penal está en marcha, el período de instrucción está en su fase final, y el proceso sigue adelante. ADICAE agrupa a 1.100 demandantes con el objetivo de analizar y enjuiciar la responsabilidad de toda la administración del antiguo Banco Popular y las posibles responsabilidades de los gestores del Santander que asumieron la entidad. Es un buen momento para incorporarse al procedimiento, para que aquellos afectados que tengan ahorros pendientes de recuperar puedan acogerse a una querella que depure todas las responsabilidades.

La pandemia ralentiza aún más el proceso judicial
La lentitud en el proceso de instrucción es manifiesta, por culpa de una legislación procesal antigua que no ha ofrecido soluciones a los grandes fraudes masivos en España, y esto perjudica claramente a los afectados a la hora del resarcimiento y hacer justicia. A ello hay que sumar la nueva realidad que se ha sobrevenido en el sistema judicial español como consecuencia de la pandemia. Después de varios meses de paralización por el estado de alarma del pasado 2020, al sistema judicial español le ha venido un nuevo colapso que llevó a ampliar los distintos plazos de reclamación.

Por ello, ADICAE anima a todos los afectados a adherirse a la causa a través de la asociación, pedir información en alguna de las más de 30 sedes que tiene repartidas por todo el país y recopilar la información necesaria que demuestre la participación del consumidor en las adquisiciones de acciones que se han venido llevando a cabo en los últimos diez años. Más de 300.000 personas han visto sus ahorros atrapados por este nuevo pleito. El caso del Popular demuestra los deficits y desenfoques del sistema europeo de resolución de entidades y las dificultades de la Justicia para dar respuesta eficaz a estos fraudes masivos.

La Asociación se querelló en 2017 contra el Banco Popular y todos los miembros del consejo de administración, tanto del periodo de Ángel Ron como de Emilio Saracho, incluyendo a ambos. ADICAE sigue recibiendo adhesiones de consumidores afectados para sumarse a ésta y otras vías iniciadas en el caso. Ya son más de un millar, y el objetivo es reunir a cuantos más mejor para llamar la atención de Justicia y Administración y defender los derechos de estos consumidores pequeños ahorradores.

Más información:

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