¿Por qué difieren tanto los precios en origen de los que encontramos a la hora de adquirir un producto en un supermercado? ¿Es posible que los costes de su transporte, almacenaje y gestión aumenten en un 1.000% el precio de determinados productos? ¿Gravará aún más esta situación la inminente subida del IVA? ¿Por qué no se pone coto a esta situación? ¿Quién se está lucrando? En el proceso de fijación del precio final de un producto intervienen muchos factores que es conveniente conocer para poder conformarse una opinión con cierto criterio.
Para los vendedores ir de huerta en huerta o de fábrica en fábrica solicitando productos no es viable, pues supondría un esfuerzo descomunal tanto en tiempo como en recursos humanos invertidos. Es necesario un intermediario que se encargue de ello. Ése intermediario cobra, al igual que lo hace el vendedor del producto. Ambos han de enfrentarse a una serie de gastos, como alquilar o comprar un local, pagar a los empleados, la luz, el agua, impuestos,…
Factores que intervienen en el precio final
A la hora de hacer comparaciones y analizar las diferencias de precios entre los diversos escalones de la cadena comercial es necesario un mínimo de rigurosidad. No hay que confundir el margen bruto (diferencia entre el precio en origen y el final) con el beneficio, que es el resultado de restarle al margen bruto los costes directos e indirectos asociados a los diversos procesos de comercialización.
Existen diversos procesos que añaden valor al producto final. Todos ellos vienen impuestos por las normativas vigentes y entre ellos pueden citarse, sin señalar los directos derivados de la producción, los siguientes:
– Limpieza, calibrado, clasificación, envasado.
– Transporte.
– Costes de gestión de residuos.
– Costes de embalajes, envases y su gestión.
– Ocupación de espacio en almacén y punto de venta.
– Mermas por deterioro o por desperfectos en la mercancía.
– Costes indirectos del establecimiento, tales como alquiler o compra de locales, personal, limpieza, electricidad, calefacción, agua, tasas,…
– Gestión comercial.
– Seguros.
– Impuestos.
Según el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, es necesario destacar la importancia “de las mermas y destríos, tanto en origen, con el objeto de seleccionar y normalizar el producto, parte de los cuales pueden destinarse a la industria transformadora cuando son retirados por calibres o similares, como las producidas en la cadena de comercialización, por desajustes de demanda u oferta, que provoca retirada de productos cuando estos dejan de tener las condiciones adecuadas de comercialización”. Además hay que tener en cuenta el incremento de los precios del transporte en un 8’1% según el IPC de marzo de 2010, subida provocada por el aumento del precio de los carburantes y de los lubricantes.
Alimentación, un observatorio de precios
Diversas normativas y organismos velan por el buen funcionamiento de la balanza comercial. Una de ellas es la Ley 7/1996 de 15 de enero, de Ordenación del Comercio Minorista. Tiene por objetivo establecer unas reglas de juego en el sector de la distribución y regular nuevas fórmulas contractuales y ser la base para modernizar las estructuras comerciales y mantener la libre y leal competencia. En este sentido abunda el Real Decreto 509/2000 de 14 de abril, por el que se creó el Observatorio de Precios de los Alimentos. “La equiparación de las rentas de la agricultura, la ganadería y la pesca con las de los demás sectores de actividad económica es un mandato constitucional y un principio inspirador del marco normativo de la Unión Europea”, se asegura.
El Observatorio trata de responder a la necesidad de favorecer la transpariencia y racionalidad en el proceso de formación de los precios de los alimentos, en beneficio de productores y consumidores, constituyéndose en órgano de consulta e intercomunicación entre la Administración y los diversos representantes de los sectores implicados, para el estudio y seguimiento de los factores estructurales y coyunturales explicativos de la situación y evolución de los mercados y de los márgenes comerciales de los agentes económicos.
Pero su labor real no parece plenamente efectiva, ni su organigrama realmente operativo: un presidente; un vicepresidente; 40 vocales de la Administración, empresas y asociaciones del sector; un secretario; un número indefinido de vocales adicionales de diversos Ministerios, Comunidades Autónomas y asociaciones de consumidores; y una Comisión Ejecutiva adscrita al Observatorio. No parece que su coordinación sea sencilla. Son muchos los agentes comerciales que se quejan de la falta de transpariencia del sistema de fijación de precios e incluso reclaman que, en el etiquetado, aparezca el porcentaje de subida en cada paso de la cadena comercial. Esta información tendría un valor importante para el consumidor, ya que conocería el precio y calidad reales de las materias primas de los productos que consume.
El precio de los alimentos sufre una importante variación en destino en relación al origen. Así productos como la patata pueden llegar a aumentar un 1000%, aunque en los últimos meses los datos ofrecidos por el Índice de Precios en Origen y Destino y el Observatorio de Precios de los Alimentos indican que la horquilla de variación se sitúa entre el 150 y el 450%, aproximadamente. Según el Observatorio el paso de los productos por la mayorista Empresa Nacional de Mercados de Abastecimiento (MERCASA) supone un incremento de entre un 15 y un 32%, aunque por ejemplo la zanahoria sólo lo aumenta un 2%, mientras que el jurel se encarece un 43’9%.
Algunas alternativas
Estos datos, injustos a los ojos de los consumidores, hacen que los vendedores se pongan a la defensiva. Esgrimen que los productores venden a los mayoristas en cantidades muy superiores a las que los consumidores les compran a ellos. Ante estas situaciones son los consumidores quienes tienen que tomar la palabra y, de hecho, ya lo están haciendo. Una posible alternativa sería la creación de cooperativas con participación directa de los consumidores y que fueran estas quienes negociaran directamente con los productores, garantizándose la venta de productos sin aditivos pero con todos los controles sanitarios que marca la legislación vigente.
Como esta posibilidad es de difícil viabilidad, los consumidores también pueden “rebajar” el precio final de la cesta de la compra optando por adquirir marcas blancas, mucho más baratas y con una calidad bastante aceptable. También es recomendable optar por los comercios de descuento duro: una fórmula comercial de productos de alimentación y droguería caracterizada por un surtido limitado, la apuesta por la marca del distribuidor en cuestión, una política constante de bajos precios y, especialmente, un control sistemático de los costes.
Así se forma el precio en otros sectores
Automoción
No solo de alimentación y productos frescos se compone la cesta de la compra de una familia media española. Uno de los bienes materiales más utilizados en nuestra vida cotidiana es el automóvil. Su proceso de fabricación y posterior uso también lleva aparejados una serie de procesos e impuestos que acaban gravando el precio final.
En primer lugar hay que dejar claro que el precio franco de fábrica, el del automóvil sin impuestos, es el precio base en el que se amparan todos los concesionarios para sacar el PVP. A partir de aquí hay que añadir el IVA del tipo general -16%-; el transporte del vehículo desde la fábrica al concesionario -fuentes del sector lo cifran entre 150 y 400 euros-; el impuesto de matriculación -gratuito para los vehículos que emiten menos de 120 gramos de CO2 por kilómetro, el 4’75% para los que emiten de 121 a 159, el 9’75% entre 160 y 199 gramos; y el 14’75% para los de más de 200 gramos. Además hay que añadir cualquier equipamiento elegido que no se ofreciera de serie, el impuesto de circulación -algunos concesionarios ‘regalan’ la ejecución de este trámite-, la matriculación y los gastos de gestoría.
Gasolina
En la formación del precio de este esencial producto entran muchos factores que determinan si el precio final sube o baja: decisiones de los países productores y exportadores de petróleo, situación geopolítica de los mismos, posibles catástrofes o dificultades meteorológicas en los lugares de extracción, la ley de la oferta y la demanda, existencias de crudo, costes de su transporte y logística, época del año -el consumo varía dependiendo de las condiciones meteorológicas-, tipos de cambio de diversas monedas, procesos de refinación,…
El precio final depende, básicamente, de tres factores: Coste de la materia prima; costes de almacenamiento, transporte, mantenimiento de reservas energéticas, comercialización, gastos financieros, remuneración al canal minorista; e impuestos. Este último aspecto es el que más grava el precio, puesto que superan el 50% de su totalidad: impuesto sobre los hidrocarburos, impuestos de venta al minorista e IVA (16%).
Literatura
Una alternativa podría ser fijar los porcentajes de beneficios al igual que ocurre en el mercado editorial, donde aproximadamente el 10% de los beneficios va a parar al autor, otro 10% al editor, el 30% suele ir a los bolsillos del distribuidor, mientras que el librero ingresa entre el 30 y el 40%. Los costes de producción suponen el 10% del precio final y, de ellos, alrededor del 5% lo genera la logística. De esta manera quedaría reflejado dónde se incrementan los precios en la cadena de consumo, lo que sin embargo no tiene por qué concordar con quién se lucra finalmente.
Servicios inmobiliarios
La compra de una vivienda también lleva aparejados una serie de servicios que repercuten negativamente en los ahorros del comprador. Algunos, como las gestiones que efectúan las inmobiliarias, son prescindibles y permitirían un gran ahorro dado que los agentes de la propiedad inmobiliaria suelen cobrar una comisión de venta que oscila entre el 3 y el 7% sobre el precio de venta del inmueble. La solución aquí es sencilla: buscar y gestionar la compra de una vivienda por nosotros mismos.
El peligro que viene: la subida del IVA
Aunque la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Economía, Elena Salgado, haya asegurado que el incremento del IVA en julio no va a tener “ninguna repercusión” sobre el consumo en el conjunto del año y que, quizá, sólo tenga un efecto “mínimo” cuando entre en vigor, lo cierto es que lo más probable sea que el consumidor tenga que pagar las consecuencias viendo cómo los precios finales se encarecen.
De hecho los grupos que manejan el gran consumo se han apresurado a anunciar que no rebajarán las tarifas a sus distribuidores para que el nuevo régimen impositivo tenga un efecto nulo sobre el consumidor final. Serán las cadenas de supermercados las que deberán asumir el esfuerzo en su totalidad si no quieren que su cesta de la compra se encarezca. Pero esto no es, ni mucho menos, fácil puesto que se quejan de que sus márgenes son muy estrechos. Los proveedores también se lavan las manos, pues no existe una posición conjunta del sector alimenticio. La patronal cree que repercutirá en el consumo interno y que la distribución tratará de trasladar el incremento hacia abajo, lo que perjudicará al sector de la alimentación y, en definitiva, a los bolsillos de los consumidores.
Hay que dejar claro que el consumidor es el contribuyente final del IVA, pero sólo sobre el valor añadido que tiene un producto. Si este “valor añadido” corresponde, realmente, a los márgenes de beneficios que tienen las empresas… que estas se atengan a los precios del libre mercado.
