Antes de que acabe el año 2012 el Gobierno tendrá que transferir las competencias sancionadoras del Ministerio de Economía al Banco de España. Así lo marca el Memorando de Entendimiento (MoU), la ‘hoja de ruta’ del rescate financiero a la banca española. Es más, antes de noviembre el Ejecutivo tendrá que sopesar si darle poderes al Banco de España para que pueda emitir directrices o interpretaciones vinculantes.
El MoU también indica que los métodos de supervisión de la entidad gobernada ahora por Luis María Linde deberán perfeccionarse en una revisión interna formal. El objetivo es “cerciorarse de que las conclusiones de las inspecciones realizadas in situ se traducen, rápida y eficazmente, en medidas correctivas”.
Además el Eurogrupo quiere que el Banco de España exija a las entidades de crédito que revisen y apliquen estrategias para hacer frente al deterioro de activos. Así, el Banco de España determinará la capacidad de los bancos y cajas para gestionar atrasos, vigilará anomalías operativas y verificará la aplicación de estos planes. Además, se expresa que “la valoración de la idoneidad de las estrategias de reestructuración de préstamos se basará también en las conclusiones de auditores y consultores externos obtenidas durante el proceso de revisión de la calidad de los activos”.
Las sanciones seguirán siendo irrisorias
La futura norma traslada desde el Ministerio de Economía al Banco de España la capacidad para imponer a los administradores de entidades de crédito sanciones ‘muy graves’: multas de hasta 500.000 euros e inhabilitación para ejercer cargos de dirección en la banca por hasta diez años, entre otras. Unas multas a todas luces irrisorias teniendo en cuenta el perjuicio creado a los ahorradores por escandalosos fraudes al ahorro familiar como, por ejemplo, el de las participaciones preferentes en el que alrededor de un millón de familias han visto atrapados unos 37.000 millones de euros.
Por otra parte el Banco de España se ha comportado como una auténtica patronal bancaria en los últimos años, tolerando el escándalo de las participaciones preferentes; eliminando la letra pequeña de los contratos, pero no su contenido enrevesado, la mala comercialización o la publicidad engañosa; permitiendo la inclusión de cláusulas abusivas en las hipotecas como las cláusulas suelo; y un largo etcétera de perjuicios a los ahorradores permitidos por los últimos gobernadores de la entidad. Luis María Linde, nombrado hace pocos meses gobernador del Banco de España, tiene ante sí la oportunidad de revertir esta imagen y obligar a la banca a ser mucho más ética en el trato a sus clientes.
