El Banco Popular ha finiquitado 90 años de historia con la humillante transacción de un euro. Una entidad que parecía gozar de todas las garantías, de excelente salud y que transmitía una imagen de solidez y cuyo final deja abiertas multitud de dudas.
Pese a lo que pueda parecer, el Banco Popular, no fue vendido. En realidad fue intervenido por el MUR, la autoridad europea responsable de las resoluciones bancarias, es decir, la entidad de Sarancho puede presumir del dudoso honor de ser primer banco de Europa en sufrir el “estreno” del Mecanismo único de Resolución (MUR), creado en enero de 2016 y que establece que los dueños de instrumentos híbridos de capital y acciones deben contribuir al rescate interno para evitar que la factura se pague con dinero público.
El momento clave que precipitó todos los acontecimientos fue la declaración del BCE el martes 6 de junio y que clasificó al Banco Popular de insolvente o, siguiendo la terminología bancaria, una “entidad fallida”. El motivo de tal reacción relámpago ha sido justificada por las autoridades europeas como fruto de la gran preocupación sobre la posición de liquidez del banco, esto es, la salida de depósitos de clientes.
Ante este mensaje de alarma, el FROB hizo aparición para abrir un “proceso competitivo” que adjudicara un nuevo dueño al Popular. La lista de pretendientes del Popular no fue muy extensa, se limitó a Santander, Bankia y BBVA, pero la entidad vasca exigió mayor balance llevando el rescate interno (bail in) más allá de la deuda subordinada. Por su parte, Bankia debía esperar al levantamiento de las restricciones de Bruselas hasta el 1 de julio para iniciar la compra. Así que el FROB determinó, bajo el mecanismo el MUR, que sería el Santander quien lo adquiriese por el simbólico valor de un euro. Y así fue como la entidad cántabra se convirtió en la “mejor” y única candidata del Popular con la promesa de “tomar las medidas necesarias para garantizar la continuidad de las actividades, servicios y operaciones de Banco Popular y a proveer la liquidez necesaria para ello”.
Como resultado, un banco con 90 años de historia, es adquirido por valor de un euro. Y es que, aunque el Popular cerró con una capitalización de poco más de 1.300 millones, el valor que el FROB le adjudicó fue negativo y lo estableció entre los –2.000 millones y los –8.200 millones, según el escenario que tomásemos de referencia. Estos valores son los denominados “provisionales de mercado” y no corresponden a los conocidos como valores contables de la sociedad. Técnicamente, responden al precio que un tercero estaría dispuesto a pagar por el Popular. Un valor que se otorga a través de la evaluación de un “experto independiente” que, según la normativa bancaria, debe permanecer en el anonimato.
Para comprender el desenlace del Banco Popular debemos retroceder a enero, cuando la cotización de la entidad cayó un 65% en bolsa y cotizó con un descuento del 90% sobre el valor en libros. Estos datos dejaron en relieve que la contabilidad de la entidad de Sarancho, no reflejaba la situación real del banco. Tanto es así, que la entidad llego a admitir un déficit de provisiones de 2.000 millones de euros.
Pese a su lamentable situación, el Popular realizó de manera “fraudulenta” una ampliación de capital en 2016 a sabiendas del riesgo que suponía para los nuevos inversores. Este hecho refleja, aún más si cabe, su irresponsable actitud que junto a la pésima gestión y el deterioro que se ha ido gestando durante los últimos años, le ha dirigido a la situación actual. Todo ello unido a un lastre de activos problemáticos hipotecarios por valor de más de 35.000 millones de euros y créditos morosos por 17.000 millones de euros.
Las críticas se centran en si se habría podido impedir este final que ha dejado en la estacada a 300.000 pequeños inversores, ya que todo parece indicar que una parte de los operadores conocían lo que se estaba «cociendo». La salida de algunos de los principales accionistas es cuanto menos sospechosa. Pese a que la norma habla de que el proceso de resolución debe ser «confidencial», la CNMV no descarta medidas si detecta información financiera incorrecta o abuso de mercado: manipulación de precios o uso de información privilegiada. La CNMV prefirió dejar que Popular cotizara y que los accionistas pudieran vender en lugar de suspender al banco de negociación.
ADICAE ya advirtió en la última Junta General de Accionistas acerca de la situación económica de la entidad y de la actitud pasiva de su Consejo. Además denunció en reiteradas ocasiones los sucesivos abusos contra sus propios clientes, lo que agravaba aún más sus problemas y alertabamos de que esta actidud podía desembocar en una absorción por la competencia, tal y como ha ocurrido.
La pregunta que la mayoría nos hacemos es cuál habría sido el escenario si el Santander no hubiese hecho su puja. Pues pese a que el Gobierno sólo nombra el rescate con dinero público como única alternativa a la venta de “un euro”, la realidad es otra. En caso ausencia de compradores, la entidad hubiera entrado en disolución y se hubiera podido adoptar alguna medida para subsanar el problema, como crear un banco puente que habría protegido las acciones de los minoristas.
Con la desaparición del Popular, el sector a priori queda en manos de Santander, BBVA y CaixaBank, con media docena de entidades pequeñas más. Todo parece indicar que se inicia ahora una nueva fase de concentración y que esto es sólo el principio…Sabadell, Bankinter, Unicaja, Kutxabank, Liberbank, BMN e Ibercaja, entre otras, están llamadas a engullir o ser engullidas.
ADICAE, que lleva años liderando la defensa de los ahorradores y los pequeños accionistas va a realizar de manera inmediata todas las actuaciones necesarias al respecto, comenzando por la agrupación y organización de los pequeños accionistas y bonistas afectados.
